El fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, ha relevado al fiscal del caso Hoyo de Manzanares, el decano de Medio Ambiente César Estirado, a petición del propio interesado, y por las «discrepancias jurídicas» surgidas sobre si procedía o no dirigir una investigación penal contra el director general del registro y del notariado, Javier Gómez Gálligo.
Con esta decisión, la Fiscalía Provincial de Madrid da por concluido la tramitación de lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) promovido por el fiscal decano de Medio Ambiente César Estirado.
Según ha podido saber CONFILEGAL, «el pasado 25 octubre el fiscal César Estirado recibió una nota interna por parte del fiscal jefe de Madrid en el que se le daban instrucciones para no dirigir la acción penal contra el citado alto cargo del Ministerio de Justicia».
Posteriormente, y tras la celebración de una Junta de fiscales decanos en la que 24 miembros se posicionaron a favor de las tesis de José Javier Polo y otros dos respaldaron las tesis de César Estirado, el fiscal jefe de Madrid convocó conforme al artículo 27 del EOMF invocado por el propio Estirado.
Es más, según el propio José Javier Polo, su resolución «viene avalada no sólo por dos informes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, sino por el apoyo mayoritario de la Junta de 27 Fiscales Decanos, en la que 24 de ellos se posicionaron en contra de las tesis de César Estirado».
Como consecuencias de la “radical” discrepancia entre jurídica fue el propio César Estirado quien durante su intervención en la Junta de Fiscales solicitó ser relevado del asunto si se producía la ratificación de las instrucciones de su superior porque no se veía “capaz” de continuar en la instrucción.
Ahora será la fiscal decana de Alcobendas quien se hará a partir de ahora cargo de la citada investigación.
Según fuentes de la fiscalía de Madrid, consultadas por CONFILEGAL, en un escrito se precisaba que “En este momento de la investigación, antes de judicializar el asunto, no había base suficiente para dirigir el proceso contra alguien que interviene con posterioridad al hecho criminal que sustenta la querella, al que no le constan indicios de estar interesado en el proyecto urbanístico ilegal, y cuya conducta consiste en argumentar jurídicamente en una resolución una determinada interpretación de las normas urbanísticas, sin que concurran elementos suficientes para construir una imputación por conducta prevaricadora».
Para ello, la Fiscalía se ampara en la «jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este delito que exige más un desvío claro de los legalmente admisible que una discrepancia jurídicamente insostenible”.
Es más, según las propias fuentes fiscales podría resultar “prematuro” presentar una denuncia/querella contra el alto cargo del Ministerio de Justicia sin indagar “mínimamente” cómo se gestó dicha resolución ya que dado el volumen de resoluciones que emite la Dirección General de Registros y Notariados “puede que la imputación concreta al Director General sea algo osada”.
El asunto del enfrentamiento entre el fiscal decano de Medio Ambiente César Estirado y el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, se basa en el caso Hoyo de Manzanares. Un presunto delito de prevaricación urbanística cometido por el alcalde del PP en esta localidad, Ramón Regueiras, otros miembros de su equipo de gobierno y dos representantes de la Universidad Antonio de Nebrija.
