La Guardia Civil registra desde primera hora de este jueves la sede central de la empresa de reparto postal Unipost en busca de datos sobre el gasto que el Govern hizo para organizar el referéndum considerado ilegal por Tribunal Constitucional. La operación, con apoyo del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se centra en localizar los pagos que se hicieron para el envío de las cartas con el censo electoral.
Unipost se fue sometido a un registro anterior en el que se intervino más de 45.000 certificados de notificaciones listas para enviar con el objeto de constituir las mesas electorales del referéndum del 1 de octubre que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
En ese registro ordenado por el Juzgado Número 3 de Terrassa en funciones de guardia, se llevó a cabo el 19 de septiembre en varias sedes de Unipost en Manresa, Barcelona y l’Hospitalet de Llobregat, que es donde se encuentran este jueves de nuevo agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil.
En aquella ocasión el Ministerio del Interior consideró que se había intervenido el 80% de las comunicaciones necesarias para cubrir las mesas electorales. La Generalitat anunció el día de la votación del 1-O que utilizaría un censo universal, de forma que cada ciudadano pudiese votar en el colegio que estimara oportuno.
El Juzgado 13 de Barcelona investiga desde hace meses los preparativos del 1-O y las estructuras de Estado que idearon los miembros del Govern de Carles Puigdemont para alcanzar la independencia.
El pasado 5 de diciembre, ordenó a la Policía Nacional que se personara en la sede del Instituto de Estadística (Idescat) para recabar datos sobre el censo, después de que varios ciudadanos denunciaran el supuesto uso fraudulento de datos personales para su elaboración.
