El promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha incoado una diligencia informativa a la magistrada Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, por haber participado en un acto supuestamente organizado por “el partido político Unidos Podemos”, titulado “Volver a mirarnos”, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía de Córdoba entre el 24 y el 26 de noviembre pasado.
La decisión de Conde, que lleva fecha de 14 de diciembre pasado, es la respuesta a la queja que presentó previamente el magistrado Salvador Alba contra su compañera por entender que actuó en un acto político, por lo que, desde su punto de vista, habría vulnerado el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
“Éste artículo impide a los jueces o magistrados participar en las actividades de partidos políticos o sindicatos, no obstante lo cual, la señora Rosell Aguilar ha participado, al menos, en este evento organizado por el mencionado partido político”, dice Alba en su queja, que ahora se ha convertido en la diligencia informativa 957/2017 del pAD.
A su entender, tal intervención constituye una falta disciplinaria muy grave del artículo 417.6 de la LOPJ, y solicitó al pAD la incoación de un expediente disciplinario contra Rosell.
Las Jornadas “Volver a mirarnos. Nuevos acuerdos para la España que somos”, fueron organizadas por el Instituto 25M y el Grupo Parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados.
En las mismas participaron Teresa Rodríguez, la coordinadora general de Podemos en Andalucía y diputada en el parlamento regional, los diputados nacionales de Unidos Podemos Irene Montero e Íñigo Errejón y Javier Pérez Royo, catedrático emérito de Derecho Constitucional, entre otros.
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Alba también llamó la atención en su queja sobre el hecho de que la magistrada, estando de baja o licencia por enfermedad, “se dedique a participar como ponente y/o docente en actividades organizadas por partidos políticos o sindicatos”.
CONFILEGAL contrastó este hecho con el Consejo General del Poder Judicial.
“La magistrada Victoria Rosell efectivamente se encuentra de baja médica desde el pasado mes de marzo. En todos los casos de las bajas de jueces y magistrados el CGPJ solicita informe mensual, en el que se concreta la enfermedad, su influencia en las funciones judiciales y el pronóstico, de acuerdo con el artículo 229 del Reglamento de la carrera judicial. En este caso, también se ha efectuado, por lo que queda objetivamente constatado que está en una situación de baja laboral apreciada por un facultativo y que, por ahora, le impide el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales”, dice el órgano de gobierno de los jueces en una nota remitida a este periódico tras inquirir sobre la circunstancia en la que se encuentra.
Debido a la Ley Orgánica de Protección de Datos, el CGPJ no puede revelar el origen de la enfermedad que mantiene alejada de sus funciones jurisdiccionales a la magistrada Rosell.
Sobre el desplazamiento realizado a Córdoba y su situación de baja por enfermedad, el CGPJ dice que “es inherente a la licencia por enfermedad que el juez/a o magistrado/a no pueda acudir a su despacho, por lo que, concedido el permiso, no necesita ninguna autorizació del CGPJ para trasladarse a otra ciudad”.
