El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) considera que no se ha cumplido su recomendación de dar más «autonomía financiera» a la Fiscalía General del Estado, que depende económicamente del Ministerio de Justicia, según su último informe “Prevención de la corrupción con respecto a miembros del parlamento, jueces y fiscales”.
GRECO recuerda que la Ley 24/2007 establece «que las fiscalías tendrán locales apropiados dentro de la sede de la tribunales, o afuera cuando se requiere para proporcionar un mejor servicio. Dos encabezados de presupuesto se asignan específicamente a la Fiscalía que ascendía en 2017 a 14.598.170 EUR (gastos de personal, gasto corriente en bienes y servicios, TIC inversión) y 223.177.430 EUR (gastos de personal de todos los fiscales, excepto los que pertenecen a la Oficina del Fiscal del Estado), respectivamente».
El informe hace referencia al «compromiso firme» de las autoridades españolas de mejorar esto.
«De forma más particular, la subcomisión de Justicia [del Congreso de los Diputados] está trabajando en enmiendas al Estatuto de la Fiscalía para reforzar su autonomía. Los diferentes interlocutores que participan en este proceso concurren el papel clave que el servicio de la fiscalía ha jugado para descubrir la corrupción; ellos abogan por un aumento de los recursos (en particular, en relación con la Fiscalía contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada)», dice GRECO.
INFORME EN INGLÉS GrecoRC4(2017)18-Final-eng-Spain-Interim-PUBLIC
Y añade: «GRECO celebra el hecho de que las autoridades están explorando medidas adicionales para mejorar la autonomía efectiva de la Fiscalía».
Sin embargo, unas líneas más adelante advierte que «No se ha informado nada nuevo con respecto a las formas de aumentar la autonomía económica de la Fiscalía; las observaciones hechas
por GRECO en este dominio, por lo tanto, siguen siendo válidos, en particular, en cuanto a la autogestión del gasto por parte de la acusación, sujeto a auditorías apropiadas y a control contable. GRECO espera con interés los desarrollos futuros a este respecto».
TRANSPARENCIA ENTRE GOBIERNO Y FISCALÍA
Sobre la comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado, o más específicamente entre el ministro de Justicia y el fiscal general, GRECO tiene las cosas muy claras: la «comunicación entre el fiscal general y el Gobierno» tiene que hacerse «de manera transparente, por escrito y publicado de manera adecuada».
Es crucial que «la Fiscalía que sea, y parezca ser, imparcial, objetiva y libre de influencia impropia alguna, particularmente de naturaleza política», sentencia el informe.
De las once recomendaciones que el Consejo de Europa hizo ya en 2013, ninguna ha sido materializada al cien por cien y sólo siete han sido puestas en marcha parcialmente.
El Consejo de Europa es una organización internacional formada por 47 Estados, cuyo principal objetivo es la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Humanos.
El Grupo de Estados Contra la Corrupción se encarga de asegurar que los países miembros cumplan con los estándares europeos en dicha materia y de ayudarlos a mejorar sus capacidades en este ámbito.
