El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), Jesús María Barrientos Pacho, ha dirigido un correo electrónico a los 842 jueces y magistrados destinados en esa Comunidad Autónoma para que envíen a Hacienda los datos tributarios de abogados y procuradores relacionados con procedimientos judiciales, sin indentificar a sus clientes.
La misiva lleva la marca de «importancia alta».
«En relación a los requerimientos formulados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre la participación de abogados y procuradores en procedimientos judiciales, tal como se desprende del acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ de 20 2 julio de 2017 y de conformidad con el Informe del Gabinete Técnico del CGPJ 8 de junio de 2017 ‘procede la remisión de toda la información solicitada salvo en el dato relativo a la identificación del cliente’ [la negrita es del presidente Barrientos]», dice el e-mail remitido, que lleva fecha de 12 de enero pasado.
RECURRIDA POR LA ABOGACÍA Y LOS PROCURADORES ANTE EL SUPREMO
Ambas instituciones presentaron sendos recursos contra dicho acuerdo, que admitió la solicitud de Hacienda de ceder los datos de “carácter personal a una Administración Pública” integrados en ficheros jurisdiccionales y relativos a los 23 millones de procedimientos judiciales tramitados durante los año 2014, 2015 y 2016.
Para la Abogacía Española, la solicitud de datos de la AEAT –identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial- vulneraba el derecho a la protección de datos de carácter personal de todos y cada uno de los abogados afectados.
Asimismo, las mismas fuentes oficiales apuntaban que se había sembrado de “forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de los 150.000 abogados colegiados con una recogida de datos generalizada y sin especificar la finalidad concreta”.
El presidente de los procuradores españoles, Juan Carlos Estévez, por su parte, rechazó esta “sospecha generalizada” a todos los profesionales de la abogacía y procuradores porque , “cumplen con Hacienda”.
BARRIENTOS ADJUNTA EL ACUERDO DEL CGPJ Y EL INFORME DEL GABINETE TÉCNICO
Barrientos, en su misiva, adjunta a los 842 jueces y magistrados tanto el acuerdo del CGPJ -recurrido ante el Tribunal Supremo- y el informe del Gabinete Técnico sobre los datos fiscales.
Indica, asimismo, que será el «Departament [Consejería] de Justicia de la Generalitat, en su condición de encargado del tratamiento de los datos personales de los ficheros jurisdiccionales, ha recibido el requerimiento de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la AEAT, y será el Departament, quien facilite esa información».
Sin embargo, recuerda que el «responsable de los ficheros jurisdiccionales» es «el órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos. Si bien el Consejo es la autoridad de protección de datos para los ficheros jurisdiccionales y tiene competencia para concluir si la cesión de datos es adecuada al marco normativo».
«NO HAY INCONVENIENTE»
El presidente del TSJCat concluye su carta electrónica informando a los 842 jueces y magistrados que «desde esta Presidencia se comunicará al Departament de Justicia que no hay inconveniente en la remisión de los datos interesados, salvo que se reciba oposición debidamente razonada por alguno de los jueces, magistrados o letrados de la Administración de Justicia en el plazo de tres días [la negrita vuelve a ser de Barrientos]».
El plazo se termina mañana.
