Hasta 1991 no era costumbre en Estados Unidos lo que hoy es cosa común: que los abogados convoquen ruedas de prensa en defensa de sus clientes.
No sólo no estaba bien visto sino que los Colegios de Abogados de los diferentes estados de ese país (las llamadas «Bar Associations») podían sancionar a los letrados que así lo hicieran.
Como ocurrió en el caso de Dominic Gentile, un abogado penalista del Estado de Nevada, que fue sancionado por el Colegio por realizar una rueda de prensa en 1988 en nombre de un cliente, propietario de una empresa, cuya sede en Las Vegas se vio relacionada con un asunto de drogas que atrajo una gran atención mediática.
Gentile reaccionó así para contrarrestar toda la información negativa que la policía de esa famosa ciudad había generado contra su cliente, quien, a su juicio, era por completo inocente y había sido convertido en un chivo expiatorio.
Seis meses más tarde, dicho cliente fue declarado no culpable, pero la sanción disciplinaria contra Gentile se mantuvo.
El abogado recurrió ante la Corte Suprema de Nevada la sanción del Colegio, basada en su norma 177, que prohibía a los abogados realizar declaraciones a la prensa porque se pensaba que habría una alta probabilidad de crear prejuicios e influir en los resultados de los procedimientos, teniendo en cuenta que allí impera la norma de los jurados populares.
Como era de esperar, dicho tribunal rechazó el recurso de Gentile, que basó en el argumento que esgrimió: «La norma 177 le impedía ejercitar su derecho a la libertad de expresión».
En consecuencia, recurrió ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en el sistema anglosajón es una mezcla de nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional -en aquel país no tienen Tribunal Constitucional-, y que está formado po 9 magistrados.
Y lo ganó.
Por poco, pero lo ganó por una mayoría de 5 a 4 votos.
El «tribunal de la opinión pública»
El Tribunal Supremo estadounidense concluyó que la norma 177 del Estado de Nevada era inconstitucionalmente vaga porque no especificaba qué era lo que el abogado no podía decir.
La sentencia Gentile contra el Colegio de Abogados de Nevada abrió el camino para que los abogados defendieran a sus clientes ante «el tribunal de la opinión pública», convocando a los medios de comunicación y relacionándose con los periodistas, aplicando cualesquiera estrategia consideraran oportuna.
«El deber de un abogado no empieza en la sala de vistas. Él o ella no pueden ingorar las implicaciones prácticas del procedimiento legal para su cliente… Un abogado defensor puede implementar estrategias legales para obtener la retirada de una acusación o la reducción de las acusaciones, incluyendo el intento de demostrar ante el tribunal de la opinión pública que su cliente no merece ser juzgado», escribió el magistrado Anthony Kennedy, como ponente de la sentencia.
Su opinión fue compartida por los magistrados Thurgood Marshall, Harry A. Blackmun, John Paul Stevens y Sandra O’Connor.
De acuerdo con el juez Kennedy, la norma 177 violaba la Primera Enmienda (equivalente al artículo 20 de nuestra Constitución, que establece el derecho a la libertad de expresión). Y afirmó que el mismo estándar que se aplica a la prensa cuando informa y opina sobre asuntos públicos, incluyendo juicios, debería aplicarse a los abogados.
