El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha fijado fianzas de 7.000 euros para Durán&Durán Abogados y para el Partido por la Libertad -formación de corte ultraderechista formada en mayo de 2012- que deberán abonar si quieren ser tenidos como acusación popular en el procedimiento contra el ‘procés’ que instruye contra 28 líderes independentistas.
El auto tiene fecha del pasado 1 de febrero y en él se señala que, una vez notificado, tanto el bufete, dirigido por Miguel Durán, como el partido tienen 8 días para depositar la fianza, lo que les dará derecho a «intervenir en las actuaciones bajo una misma dirección y representación que será la correspondiente al primer compareciente personado Partido Político VOX«.
PARTES QUE «NO SON PIEZA ESENCIAL»
En su auto, el magistrado razona que la acción popular «no es una pieza esencial del proceso penal, en tanto que la Constitución habilita al legislador para imponer una forma determinada de su actuación e, incluso, para excluir su participación en procesos determinados».
Además, señala que en este caso, en el que ya ejerce la acusación el fiscal, además de Vox, «los intereses de los comparecientes que pretenden el ejercicio de la acción popular, dada la clase de delitos que se persiguen, no puede ser otros que la búsqueda de la verdad y la Justicia y no tanto la satisfacción de intereses individuales».
En el procedimiento también han solicitado su personación el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, si bien en el alto tribunal no ha tenido noticia de él desde que le notificó que para ejercer dicha representación en el caso debía depositar también 7.000 euros de fianza, han señalado a Europa Press en fuentes jurídicas. (EP)
