La igualdad de oportunidades, el sostenimiento del Estado de bienestar, la lucha contra la pobreza, la distribución de la renta, la defensa de los derechos laborales y sindicales… son todos principios, cometidos y prioridades no sólo legítimos sino que dignifican a cualquier sociedad.
Precisamente por ello todos fueron incluidos ya hace once años en un marco amplio, por la Organización de Naciones Unidas, al proclamar el Día Mundial de la Justicia Social, que está muy presente para l@s abogad@s cada 20 de febrero.
En efecto, la ‘justicia social’ no sólo entronca filosóficamente con la aristotélica ‘justicia distributiva’, que entiende de la necesidad de considerar qué es lo justo y lo correcto en la asignación de bienes dentro de cualquier colectivo; está estrechamente vinculada a algo tan básico como el respeto a los derechos primarios de las personas; de ahí que tenga, por excelencia, una finalidad ética.
La proteccón del bien común y la lucha contra la distribución desigual de la riqueza ha ido ligada históricamente a la preocupación social por el desarrollo humano.
Y esta concepción es la que llevó a la ONU a proclamar que la justicia social es la base fundamental “para una convivencia pacífica y próspera”.
DEFENSA DEL TRABAJO DECENTE
Quienes ejercemos la abogacía, y en especialidades muy concretas, tenemos conocimiento de primera mano (a veces dramáticamente) de lo que significa la defensa del trabajo decente, de las dificultades aún en 2018 y en países avanzados para erradicar la discriminación por razones de sexo, de los avatares en la salvaguarda de los derechos de los trabajadores inmigrantes, que centran la atención este año de esta celebración.
La búsqueda de un empleo alejado de la explotación o de condiciones de trabajo miserables sigue siendo el motivo principal, directa o indirectamente, del desplazamiento de personas. La propia OMT tasa en 150 millones los ‘trabajadores migrantes’.
Y en un mundo favorecido pero también convulsionado por los procesos de globalización, son especialmente las mujeres y los jóvenes quienes sufren con mayor dureza las injusticias derivadas de estos traslados de población que afectan a familias enteras.
Es un imperativo ético para la Abogacía enfrentar los desafíos que derivan de la ‘economía informal’, del ‘empleo no protegido’; haciéndolo bajo el paraguas de la equidad y la solidaridad y la cohesión; desde el más elemental principio de una ‘justicia social’ que no puede dejar de ser contemplada sino como aspiración universal, plausible y alcanzable.
Ninguna persona debe ser tratada como mercancía. Las sociedades abiertas no pueden avanzar a cualquier precio.
Sería inmoral y nocivo para la prosperidad de tod@s.
