El Pleno del Congreso rechazó ayer la iniciativa planteada por el PP para mantener la normativa vigente sobre la justicia universal y ampliarla con la inclusión de nuevos casos. Tras ese revés, seguirá ahora su trámite en la Cámara Baja la proposición de ley auspiciada por ERC para derogar la reforma que aprobó el PP con su mayoría absoluta de 2014.
El texto del PP fue rechazado con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu, Nueva Canarias y Coalición Canaria, mientras que Ciudadanos se abstuvo.
Durante el debate, la mayoría de la oposición acusó al partido de Mariano Rajoy de haber planteado un texto alternativo para tratar de enmendar los errores cometidos la reforma de la ley impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.
En su alternativa, los ‘populares’ planteaban incluir situaciones puntuales en relación con casos de medio ambiente, ecosistema, blanqueo de capitales o pesca ilegal.
La portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro, explicó que su propuesta buscaba mantener las «líneas generales de la regulación vigente» en consonancia a los criterios de los países de nuestro entorno y no volver a un «pasado poco realista» como sucedería, a su juicio, si finalmente se aprobara la iniciativa de ERC.
Así, se dirigió hacia el partido catalán y afirmó que la derogación de la norma actual la presenta un «grupo que no cree en España, la combate y no respeta la justicia española».
«Persiguen que los suyos queden al margen de las normas y de los tribunales españoles. ¿No es paradójico?», se preguntó.
EL SUPREMO DIJO QUE LA REFORMA DEL PP RECORTA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
El Tribunal Supremo calificó de “restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero provocada por la reforma del principio de justicia universal realizada en 2014 por el PP en un auto de marzo de 2016.
El auto se refería a la causa que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investigaba por delitos de genocidio y lesa humanidad a cinco responsables nazis del denominado Batallón de la Calavera de las SS (SS Totenkopf-Sturmban) por abusos cometidos entre 1942 y 1945 en los campos de concentración de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, en los que estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300.
Fue archivada en diciembre de 2014.
En dicha resolución dada a conocer por el alto tribunal se destacaba que “la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España”.
Aprovechando esta declaración, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro el Supremo califica como “la gran contradicción sustancial de la reforma”, queda evidenciada en el hecho de que mientras que los delitos más graves del Derecho penal internacional (lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra) son desplazados fuera de la competencia de la jurisdicción española, excepto para los supuestos de rarísimas excepciones anteriormente expuestas; en cambio, sí cabría encuadrar en el ámbito de nuestra jurisdicción los delitos de segundo grado del Derecho Penal internacional, aunque también con unas restricciones que no se daban en la Ley Orgánica 1/2009, y mucho menos en la 6/1985″.
MINORITARIOS, PERO NO TONTOS
El portavoz de ERC, Joan Tardá, achacó estas afirmaciones un «infantilismo político» del PP que, en su opinión «nadie merece» y les acusó de utilizar su texto alternativo para resolver «las necesidades» que, según los ‘populares’, hacen falta a la reforma de 2014.
«¿De verdad no han encontrado otro mecanismo para enmendar los errores que contenían la ley de 2014?», preguntó Tardá, que ha añadido que el objetivo de ERC no es hacer incorporaciones, sino derogar la ley vigente.
Tardá hizo hincapié en que lo que persiguen los ‘populares’ es «consolidar el modelo español de impunidad y desarrollarlo al completo».
«Es un jaque mate a la justicia universal», subrayó el diputado catalán.
«Somos un grupo parlamentario minoritario, pero esto no es sinónimo de ser tontos y ustedes han intentado incluso ridiculizar», concluyó.
REFORMA HECHA «A TODA PRISA»
Por su parte, el diputado socialista Gregorio Cámara defendió el «retoque» que hizo en su momento el Gobierno de esta ley fue para que los jueces españoles pudieran perseguir delitos de especial gravedad, si el autor de los hechos estaba en territorio español, si la víctima era española o si existía un «vínculo de conexión» con España.
Una reforma que, a su juicio, situaba el derecho español en una «posición razonable» con el del resto de países de «nuestro entorno».
Sin embargo, criticó que la ley del PP se hizo «a toda prisa» y con una «deficiente redacción», de tal modo que se «incidió muy malamente en el principio de jurisdicción universal, estrangulando y con la vulneración múltiple de la Constitución».
En este sentido, recriminó a los ‘populares’ que traten de engañarles con su enmienda porque quieren «tergiversar el procedimiento» y sustituir por completo la «injusta ley de 2014».
Por contra, el peneuvista Mikel Legarda, que también se mostró en contra de la propuesta del PP, ha destacado que la jurisdicción universal lleva «desvirtuándose» desde 2009 con la reforma socialista de 2009 que amplió después el PP en 2014.
Según explicó, la justicia universal es un bien jurídico que se basa en «las características de los delitos que atentan en la comunidad internacional en su conjunto, al margen de la comisión y de la nacionalidad».
«EJERCICIO DE CREATIVIDAD SOBREVENIDA»
El representante de Unidos Podemos Jaume Moya definió la enmienda del PP como un «instrumento con la apariencia de querer cambiar todo para en realidad no cambiar nada».
Además, aprovechó su discurso para recordar la lucha de los familiares del cámara de televisión José Couso, asesinado en Irak en 2003, para que los tribunales españoles puedan trabajar en este caso. Miembros de su familia, como el eurodiputado de IU Javier Couso, siguieron el debate desde la tribuna de invitados.
Por último, también mostró su «sorpresa» por la «técnica legislativa» del PP el diputado de Ciudadanos Marcial Gómez Balsera.
«Es un ejercicio de creatividad sobrevenida», dijo el parlamentario del partido naranja. CONFILEGAL/EP.
