El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha calificado este lunes de «fracaso» el Real Decreto Ley 1/2017 sobre medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusulas suelo, porque no ha conseguido su propósito de evitar una sobrecarga de trabajo en los tribunales.
Así se desprende del Informe Anual del Defensor del Pueblo relativo al año 2017 que expone que, si bien esta medida se dictó con el propósito de reducir la previsible litigiosidad derivada de la anulación de las cláusulas en las hipotecas, el resultado no ha sido el esperado y el número de demandas judiciales superaba en diciembre de 2017 las 156.000.
El Real Decreto aprobado el 20 de enero de pasado año buscaba establecer un cauce extrajudicial después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallara contra los bancos y les obligara a devolver a los consumidores las cláusulas suelo abusivas en las hipotecas con carácter retroactivo.
Al respecto el Defensor del Pueblo expone que si este mecanismo es presupuesto necesario para reducir la litigiosidad y, consecuentemente, las dilaciones indebidas, es «evidente» que el Real Decreto de 20 de enero de 2017 «no ha conseguido el resultado que cabía esperar».
CASOS REALES
Las dilaciones conocidas por el Defensor del Pueblo denotan que, muchas veces, no se ha conseguido la justicia rápida que los ciudadanos demandan, según el informe que recoge una serie de «casos reales» a modo de ejemplo de estos retrasos judiciales.
Así, denuncian que no puede solicitarse una subasta judicial en febrero de 2016 y que no se haya celebrado en mayo de 2017 o que no puede dictarse una sentencia en octubre de 2017 y que el lanzamiento derivado de su ejecución se programe para septiembre del año siguiente. También recogen otros casos que denotan el retraso entre la presentación de demanda y señalamiento de vista o el inicio de una causa penal y la sentencia.
Al respecto, el Defensor del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones sobre problemas estructurales de juzgados concretos, siempre previo conocimiento de su situación exacta a través de los informes que le traslada el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Precisamente fue la Comisión Permanente del órgano de gobierno de jueces la que aprobó la especialización de 54 juzgados en litigios sobre cláusulas suelo para los casos que finalmente acabaran en vía judicial.
MALESTAR CIUDADANO
Asimismo, los datos generales, recogidos en la memoria de la institución, demuestran que malestar de los ciudadanos por los efectos de la crisis y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos ha disparado el número de quejas al Defensordel Pueblo, que en 2017 tramitó 25.776 expedientes, un 48,17 % más que el año anterior.
La mayor parte quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).
A la cabeza de las quejas se sitúan las relacionadas con la tardanza y dificultades para tramitar el DNI y el carné de conducir (6.008), seguidas de las referidas a la función pública (4.417) y a los retrasos en la administración de Justicia (3.395).(CONFILEGAL/EP)
