El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga la causa relacionada con el ‘procés’, ha ofrecido a los exconsejeros catalanes fugados Antoni Comín y Meritxell Serret personase en la causa y les ha dado traslado del auto de procesamiento del pasado 23 de marzo, según han informado fuentes del alto tribunal.
En una providencia, el magistrado ha ofrecido a su abogado, Gonzalo Boye, esta posibilidad a raíz de que el pasado martes aceptase la personación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los exconsejeros también huidos Clara Ponsatí y Lluís Puig, al haberse reactivado las órdenes europeas de detención.
En dicha providencia, el juez Llarena recuerda que el abogado ya recurrió el auto de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando dictó las euroordenes tras negarse a comparecer ante ella. Los dos exconsejeros se encuentran en Bélgica (Bruselas).
La personación de los dos exconsejeros en la causa le permitirá poder recurrir el auto de procesamiento. Además, en el caso de Comín se retrasaría su probable suspensión de cargo público, debido que mantiene su acta como diputado, al igual que Puigdemont.
Serret presentó su renuncia a su escaño en la cámara parlamentaria catalana el pasado 30 de enero y está acusada de los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Mientras tanto, Comín está procesado por los delitos de rebelión y malversación.
Comín, Serret y Puig están citados mañana ante un juez belga
Este jueves, los 3 exconsellers huidos en Bélgica Antoni Comín, Meritxel Serret y Lluis Puig comparecerán en Bruselas ante un juez de instrucción que decidirá si impone medidas cautelares a esos tres políticos reclamados por la Justicia española.
El pasado 26 de marzo, la Fiscalía de Bruselas informó de que los exconsellers catalanes huidos en Bélgica se habían puesto a disposición de la Justicia del país y decidió no citarles por el momento a comparecer ante un juez por considerar que no hay riesgo de fuga.
Las fuentes agregaron que el proceso formal será similar al del pasado noviembre, en el marco de una primera euroorden cursada por la Audiencia Nacional española.
En aquella ocasión, la Fiscalía pactó con los implicados una entrega discreta en una comisaría, fueron trasladados ante el juez y éste dejó en libertad sin fianza a los tres políticos mencionados, junto el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont -detenido en Alemania- y la exconsellera Clara Ponsatí -ahora en Edimburgo-, quienes entonces se encontraban también fugados en Bélgica.
A todos se les impuso como medidas cautelares la prohibición de abandonar el territorio belga sin el permiso de un juez. Además,tenían la obligación de declarar su domicilio en Bélgica y de acudir personalmente a las convocatorias de la Policía o de las instancias judiciales.
El 5 de diciembre, el magistrado del Tribunal Supremo que se hizo cargo del caso, Pablo Llarena, retiró las euroórdenes contra los cinco políticos secesionistas huidos a Bélgica, y volvió a activarlas el pasado 24 de marzo.(CONFILEGAL/EP)
