Han sido 134 las candidaturas que se han presentado para optar al puesto de coordinador del Área de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, pero finalmente sólo pasaron el corte 101; 78 mujeres y 23 hombres.
El número de excluidos se eleva a 33 de los que 22 son mujeres y 11 hombres. Las razones para su eliminación son de tres clases: la primera, por haberse presentado la solicitud sin firmar; la segunda, por no poseer la titulación requerida, y la tercera por haberla presentado fuera de plazo.
Muchos de los candidatos son periodistas de tribunales; algunos con experiencia, además, en gabinetes de comunicación de la Justicia.
Los seleccionados tendrán que vérselas ahora ante un tribunal en el que, de forma oral, y durante 30 minutos, tendrán que explicar cómo sería su actividad caso de ser elegido y responder a las preguntas que le hagan -una prueba idéntica a la llevada a cabo entre 2003 y 2004 por los miembros de la Comisión de Comunicación del CGPJ para seleccionar a la mayor parte de los jefes de prensa de los Tribunales Superiores de Justicia-.
La Fiscalía General del Estado busca periodista para reforzar su área de comunicación, y de forma especial la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que son las que más información generan.
El puesto es de “personal laboral fuera de convenio, de coordinador área de comunicación” -contrato de interino por vacante hasta que se provea en su momento con carácter definitivo- y el sueldo que se indica en las bases de la convocatoria es de un máximo de 46.934,04 euros brutos al año, repartidos en 35.646,12 euros de salario base, 5.941,02 euros de pagas extraordinarias y un plus de productividad, que no puede superar el 15 por ciento del salario base.
La plaza ha sido convocada por el Ministerio de Justicia, y más concretamente la Subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, porque la Fiscalía General del Estado adolece de presupuesto propio, una reivindicación que, en los últimos meses, se ha hecho más patente por parte de las asociaciones de fiscales y del propio fiscal general del Estado.
De esta forma, la Fiscalía sigue los pasos del Consejo General del Poder Judicial, que, en 2004, dotó a los 17 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y la Audiencia Nacional de sus respectivos jefes de prensa, si bien el órgano de gobierno de los jueces optó por el recurso del nombramiento, a diferencia de la Fiscalía, que ha elegido la figura de personal laboral, que da más estabilidad y seguridad al contratado porque la selección mediante el sistema de oposición, valorando mérito y capacidad.
En el caso del personal de comunicación del Consejo, sus comunicadores tienen que ser renovados cada vez que cambia el presidente y pueden ser cesados en cualquier momento por decisión del presidente, a petición del presidente del respectivo TSJ, sin indemnización alguna, cosa que ha sucedido recientemente con dos personas, después de 14 años de servicio.
