El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo ayer que la querella por presunta prevaricación que prevé presentar el Parlament contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa por el 1-O, «se acerca mucho a las amenazas e intentos de coacción».
En declaraciones antes de imponer la Cruz de Honor de la Orden de Sant Raimon de Penyafort a dos exdecanos del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Josep Oriol Rusca (2013-2017) y Luis del Castillo (2002-2003), afirmó que es una decisión de «bajísima calidad democrática», que una minoría se está apropiando de la institución y que se puede producir un delito de malversación.
En referencia a este delito, opinó que el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la Mesa han sido avisados por los letrados «por lo que cada uno asumirá sus responsabilidades», además de considerar que con la decisión se desautorizó a los servicios jurídicos.
Sobre la situación en Cataluña, señaló «Que haya personas que tienen que llevar escolta porque les están amenazando supuestos luchadores por la república y por las libertades que hacen de las amenazas, coacciones, escraches y pintadas me parece impropio de la política y del ‘seny’ catalán».
«Lo que pasa en Cataluña es impropio de una sociedad avanzada, europea y del año 2018», insistió el ministro.
PUIGDEMONT
Catalá no descartó que la justicia alemana acuerde la extradición del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont aunque en un principio haya rechazado hacerlo por un delito de rebelión.
Destacó que la Audiencia de Schleswig-Holstein atribuye inicialmente a Puigdemont alguna responsabilidad penal ya que ha constatado «actuaciones para alterar el sistema democrático, aunque no con la violencia suficiente» para ser un delito de rebelión, así como posible malversación, además de confirmar que Puigdemont no ha tenido limitación de derechos políticos.
Preguntado por la reunión de fiscales españoles y alemanes en Eurojust, explicó que los fiscales han cooperado, aportando información «para que, cuando tenga que informar ante el tribunal, el fiscal alemán tenga todos los datos».
Admitió que inicialmente se ha considerado que faltaban pruebas para calificar una violencia que el Tribunal Supremo sí cree que ha existido, por lo que los fiscales «intentan aportar esta información», y también sobre el delito de malversación.
«En un proceso judicial con toda transparencia tiene que haber la máxima transparencia e información para que el tribunal alemán decida con todos los elementos probatorios en la mano», ha argumentado, asegurando que el Gobierno español no participa en estos trámites y que aceptará en cualquier caso lo que decida el tribunal alemán. EP.
