La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga relativa a la presunta venta irregular de armas a Angola por parte de la empresa semipública Defex S.A, en 2008, que abra procedimiento abreviado contra 27 personas y tres sociedades, entre ellas la citada empresa dedicada a la exportación de material de seguridad y defensa.
En julio de 2014, y en relación con el citado contrato ingresaron en prisión José Ignacio Encinas Charro, expresidente de Defex, y Beatriz García Paesa, sobrina de Francisco Paesa -relacionado con los conocidos «papeles de Laos» del caso Roldán-, aunque meses después el juez Pablo Ruz, entonces instructor de esta causa, les dejó en libertad bajo fianza.
En la causa se investiga el presunto desvío de fondos de Defex por un contrato de 152 millones de euros destinado a equipar a la Policía Nacional de Angola, a pesar de que su capital pertenece en un 51 por ciento a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el 49% restante por compañías privadas dedicadas a la venta de armas.
A través de un comunicado, la Fiscalía considera que de la investigación se desprenden serios indicios de delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos fiscales, delitos de malversación de caudales públicos, de apropiación indebida, de blanqueo de capitales, de falsedad documental y de organización criminal.
Entiende que la instrucción practicada es suficiente y por ello pide la transformación de las diligencias previas en Procedimiento Abreviado, lo equivalente en el sumario al procesamiento.
En concreto, pide procesar a 27 imputados y a tres sociedades como personas jurídicas: Defex, Comercial Cueto 92 y Global Reach.-
La Fiscalía, en uno de sus escritos en esta causa, sospecha que ese contrato surgió del uso que hicieron los imputados de sus relaciones con altos funcionarios angoleños «para crear un aparente contrato de suministro y poder sustraer de las arcas públicas» de Angola «una importante cantidad de dinero».
Se ha investigado a las personas que firmaron ese contrato con el gobierno de Angola para montar un mercado mayorista tipo Mercamadrid en su capital, Luanda.
