La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid un ‘chiringuito financiero‘ que defraudó más de 2,5 millones a sus víctimas, clientes de los productos de inversiones bursátiles en los que se basaba la estafa, en un dispositivo que se ha saldado con 79 personas detenidas, la mayoría de ellas de nacionalidad española.
Entre los arrestados se encuentran los tres máximos dirigentes de esta organización criminal dedicada a realizar estafas de forma «masiva» mediante páginas web que simulaban la operativa de los mercados y que permanecían activas hasta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicaba una advertencia informando que carecía de la licencia para prestar servicios de inversión.
Según ha informado Dirección General de Policía en un comunicado, aparte de la detención de los pricinaples brókeres de la red se han realizado ocho registros en las provincias de Madrid y Málaga.
La investigación comenzó en septiembre de 2016 cuando, gracias a la colaboración ciudadana, los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia por estafa presentada por un afectado en una comisaría de distrito de Valladolid.
A raíz de esta información se recabaron nuevas denuncias al objeto de conectar los datos denunciados, detectar la ubicación de las oficinas y deducir su método de trabajo.
Fruto del análisis de la información se conjeturó la existencia de un fraude tipo ‘boiler room’ o ‘chiringuito financiero’. Esta modalidad de fraude precisa de una organización jerarquizada en la que los escalones más bajos realizan llamadas «agresivas», generalmente a pequeños empresarios y ahorradores, en las que ofertan inversiones en productos financieros «altamente rentables y con un supuesto bajo riesgo».
Dado que la meta de la organización era «exprimir económicamente» a los clientes, sus «brókeres» estaban instruidos con unos guiones predeterminados con los que dar una respuesta rápida a cualquier duda que se les plantease valiéndose de cualquier treta para lograr un sí.
MODUS OPERANDI
El modus operandi de este entramado consistía en ofrecer asesoramiento financiero a clientes a fin de que estos les transfiriesen dinero para realizar inversiones.
Por un lado habían diseñado páginas web atractivas, con denominación inglesa y datos de contacto en el extranjero (Reino Unido, Bulgaria, Islas Marshall, San Vicente y Granadinas, entre otras localizaciones), en las que los clientes podían abrir una cuenta y operar en un mercado virtual, aunque en realidad no se podía llevar a término ningún tipo de inversión.
Las páginas web creadas para favorecer el fraude se usaban durante un tiempo limitado, hasta que el regulador español de los mercados de valores (la CNMV) publicaba una advertencia informando que una página web determinada carecía de la licencia para prestar servicios de inversión. Desde la UDEF de la Policía Nacional se ha venido informado a la CNMV sobre la existencia de las páginas web investigadas con ese objeto.
Una vez difundida la advertencia los investigados abrían una nueva página, con un nombre que no estuviera relacionado con la página anterior, y transferían los clientes de una página a la otra. De este modo eludían la acción del regulador español.
Por otro lado, contaban con un personal «instruido y capacitado» para captar potenciales clientes mediante llamadas telefónicas. Una vez que el futuro cliente estuviera interesado en invertir, le «martilleaban» con ofertas sobre diversos productos financieros –generalmente opciones binarias– o sobre determinadas materias primas u otros, como el oro, el maíz o el petróleo, y siempre bajo la premisa de una alta rentabilidad y riesgo mínimo.
Además, cuando daban con clientes especialmente precavidos les convencían manifestando que ellos mismos también invertían en el producto ofertado. Si esto tampoco funcionaba recurrían incluso a descalificar a los clientes es base a los insuficientes conocimientos de éstos en materia de inversión.
Pero aún así, no era suficiente con un único «engaño» sino que cada cliente debía ser «explotado» hasta que dejara de invertir. Por ello era habitual que antes de que concluyera una inversión le ofrecieran otras nuevas para obtener el máximo beneficio económico de cada uno.
Así, insistían hasta que el cliente solicitara recuperar lo invertido o disponer de sus ganancias, momento en el que se le informaba de que había perdido lo invertido. Además, les remitían unas cláusulas «leoninas» de unos contratos que los clientes «nunca firmaron y dejaban de atender sus llamadas».
CAMBIABAN LAS SEDES DE OFICINAS
La investigación fue especialmente «difícil» por el perfil de los principales responsables; dos de ellos con antecedentes policiales –habiendo sido uno ya condenado en 2017 por estafa mediante sentencia firme–, y un tercero, de profesión letrado, que asesoraba en el delito.
También se trató de «dificultar» la investigación mediante los cambios de sedes de las oficinas desde donde operaban los falsos ‘brókeres’, de los propios domicilios de los cabecillas y varios locales de las empresas investigadas, ubicados en Madrid y Málaga.
Una vez localizados todos ellos, se procedió a su registro pudiendo los agentes incautar numerosa documentación utilizada para la ejecución del fraude –contratos de las sociedades y listados de personas contactadas– así como material informático.
La Policía destaca que la actuación de los investigados «quebraba la confianza» en los mercados financieros así como de sus agentes, a la par que se creaba una «falsa» expectativa sobre un producto complejo como son las opciones binarias.
En este sentido se señala que la CNMV ha publicado recientemente la circular 01/2018 en la que se indica que las opciones binarias son instrumentos financieros especialmente complejos, que con carácter general «no resultan adecuados para clientes minoristas». (EP)
