La proposición de Ley de desahucio exprés contra las ocupaciones ilegales, aprobada ayer por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que actuaba con competencia legislativa plena -como si fuera un Pleno del Congreso-, llevaba en su interior una enmienda adicional que establece una prórroga de 2 años de la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, hasta el 30 de junio de 2020.
Esto supone que una vez que dicho texto legal será enviado al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Entonces la «vacatio legis» quedará aprobada y entrará en vigor, se prevé, el 27 de junio próximo.
Sera la quinta prórroga a esta Ley desde que fuera aprobada en 2011 por el Parlamento, bajo el último gobierno del PSOE.
“Nos hemos comprometido todos a trabajar sobre un texto nuevo en este periodo de tiempo, con objetivo de hacer un Registro Civil público, gratuito, accesible electrónicamente y que mantenga la cohesión territorial. Y a que sea aprobado con el máximo consenso”, declaró a Confilegal hace 5 días María Jesús Moro, portavoz del PP en dicha Comisión de Justicia.
La inclusión de dicha enmienda fue posible entonces gracias al acuerdo entre PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PdeCat, y la abstención del Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea.
La prórroga de dos años estuvo ayer en un tris de fracasar ya que la mencionada «ley de los ocupas», como se la conoce familiarmente en el Congreso de Diputados, fue aprobada por sólo un voto de diferencia, 19 -los del PP, Ciudadanos, PdeCAT y PNV- frente a 18 -los de PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís-.
La noticia ha sido muy bien acogida por el sindicato de funcionarios CSIF, que ha venido avisando de la inminencia de la entrada en vigor de la citada ley y la necesidad de implementar una nueva prórroga.
