La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera imprescindible que se trabaje en una nueva “vacatio” de la ley que permita abordar con seriedad y al margen de intereses políticos y electorales el nuevo modelo de Registro civil. Quedan cuatro meses para que entre en vigor una Ley que carece de presupuestos, de medios personales (personal formado y con experiencia) y materiales (programa informático) suficientes y sin que se tenga noticias ni se haya aprobado el reglamento que precisa para ponerla en marcha.
Por ello, piden que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, cumpla «su compromiso de que el Registro civil se gestione por funcionarios de Justicia». Y que cumpla con su compromiso de preservar los tres grandes activos del Registro Civil: su carácter público y gratuito, su proximidad al ciudadano y la experiencia y conocimiento de los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en el mismo, como les aseguró en su reunión del pasado 30 de marzo.
En su comunicado, el sindicato de funcionarios denuncia «la instrumentalización de los servicios públicos como arma en la lucha partidaria y electoral», en alusión directa a lo ocurrido el pasado 13 de febrero en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la proposición de ley del PP que reformaba la Ley 20/2011 de 21 de junio de Registro Civil, un texto cuya entrada en vigor se viene aplazando desde ese año y que deberá ser operativo el 30 de julio próximo.
Una propuesta que fue rechazada por PSOE y Podemos, con la abstención de Ciudadanos.
Precisamente respecto al sentido del voto de esos partidos, desde el CSIF hacen una serie de precisiones. En primer lugar, insisten en que «es falso que la Ley 20/2011 contara con el consenso social que se dice que tuvo pues, por ejemplo, CSIF como primera fuerza sindical de Justicia no apoyó dicha ley que dejaba en precario a los funcionarios de Justicia y alejaba el servicio del ciudadano».
Subrayan que «la reforma que se rechazó en el Congreso respetaba el 95% de la Ley 20/2011 impulsada por el PSOE pues sólo modificaba lo relativo a la gestión de este servicio público por funcionarios de Justicia y el mantenimiento de la actual estructura territorial del Registro Civil». Y por ello, señalan que «el voto en contra del PSOE queda claramente en evidencia».
Además, para este sindicato también «resulta incomprensible que se rechace tramitar la proposición y se renuncie a mejorar el texto vía enmiendas con la ventaja de no haber una mayoría clara y más cuando un partido como Podemos presentó su propia proposición de ley para modificar la Ley 20/2011».
Por último, critican la abstención de Ciudadanos porque «al amparo de que el texto es “oscuro y opaco” y se les estaba pidiendo un “acto de fe” no hace sino demostrar la incapacidad de llegar a pactos políticos y mejorar el texto vía enmienda.
Ante todo esto, el «CSIF llama a la movilización en defensa de un Registro civil dentro de la Administración de Justicia e inicia una campaña a escala nacional para seguir defendiendo el modelo de Registro civil».
Además, solicitará, de nuevo, a todos los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas una moción de apoyo al mantenimiento de los Registros civiles».
