La subida salarial oscila entre los 165 y 250 euros mensuales según categorías y afecta a 12.000 trabajadores del territorio del Ministerio de Justicia, que comprende las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, Fiscalía, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC.
El acuerdo ha sido cerrado por los sindicatos CSIF y UGT con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, después de cuatro días de negociaciones de mañana y tarde, entre el pasado mes de marzo y en este mes de abril.
La subida se aplicará de manera progresiva: a partir de la nómina de mayo se cobrará el 50 por ciento con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y el 1 de enero de 2025 se cobrará ya el 100 por cien de lo acordado. De esta manera, en apenas 8 meses se cumplirá la totalidad del acuerdo en las nóminas de los funcionarios.
De esta manera, en apenas 8 meses se cumplirá la totalidad del acuerdo en las nóminas de los funcionarios.
EL ACUERDO SE FIRMARÁ MAÑANA
El documento se firmará mañana a las 12 en el Palacio de Parcent, una de las tres sedes que el Ministerio de Justicia tiene en la madrileña calle de San Bernadrdo, entre el ministro del ramo, Félix Bolaños, y los representantes sindicales. Incluye una cláusula por la que el Ministerio de Justicia se compromete a comunicar este acuerdo en la Conferencia Sectorial a las 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Justicia.
El acuerdo además incluye revisar la normativa sobre nombramiento de personal interino para reducir la contratación temporal, un protocolo de nombramiento de refuerzos y revisión de plantillas, planes de formación y medidas en materia de salud laboral.
«Esperamos que este acuerdo funcione como una palanca para que el efecto se replique en el resto de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas», ha explicado Javier Jordán de Urries, presidente de CSIF Justicia.
«Es equiparable a otros que se han firmado ya en otras Comunidades Autónomas como Madrid, Asturias y País Vasco. En Cataluña se está también negociando actualmente», ha añadido.
Antonio Lozano, máximo responsable de UGT Justicia, considera que «es un buen acuerdo para el personal del territorio Ministerio porque, además, conlleva la negociación con otros muchos asuntos que están en el candelero y que vamos a encontrar una solución».
El líder de UGT Justicia confiesa que «habríamos querido encontrar una solución global para los 45.000 funcionarios de justicia. La realidad es que este es un año en el que se han prorrogado los presupuestos, No sabemos que ocurrirá en el futuro, que circunstancias se darán. Hemos sido realistas y creo que hemos hecho lo mejor para todos».
CCOO Y STAJ, EN CONTRA
El acuerdo se ha cerrado en el marco de la Mesa Delegada de la Mesa Nacional de la Administración General del Estado, en la que ha renunciado estar Comisiones Obreras. STAJ, el otro sindicato del sector, no podía estar.
Luis Calero, secretario general de Comisiones Obreras en el sector Justicia, por su parte, califica el acuerdo como «de auténtico desastre». Las «cantidades pactadas son insuficientes. Los LAJ tuvieron una media de subida salarial de 430 euros mensuales y la nuestra será de 200 euros. Es una subida que solo afecta a 12,000 de los 45.000 funcionarios de justicia. Este no era nuestro objetivo».
El líder de STAJ, Vicente Navarro, por su parte, ha declarado, en nombre de su colectivo, «sentirse engañados. Con este acuerdo se han creado dos tipos de funcionarios: los de primera y los de tercera. Es inaceptable».
Tanto CCOO como STAJ prometen combatirlo con movilizaciones y protestas.
