El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido con representantes de los sindicatos de la Administración de Justicia, CSI-F, STAJ, CC.OO., FSP-UGT, ELA y CIG para exponerles las líneas maestras con las que el Ministerio de Justicia tiene intención de desarrollar la ley 20/2011 del Registro Civil.
El ministro ha reiterado su compromiso de preservar los tres grandes activos del Registro Civil: su carácter público y gratuito, su proximidad al ciudadano y la experiencia y conocimiento de los funcionarios de la Administración de Justicia que prestan sus servicios en el mismo.
Para lograr este objetivo, el Ministerio de Justicia pretende consensuar con grupos políticos, representantes de trabajadores y comunidades autónomas un ajuste de la ley 20/2011 que fortalezca estos valores y garantice que los nuevos servicios del Registro Civil digital sean compatibles con la continuidad del modelo territorial actual y su progresiva adaptación en un proceso a largo plazo y gradual, a las nuevas circunstancias que se deriven de la implantación.
En esa línea, Catalá ha manifestado su voluntad de que este servicio sea digital, centrado en el ciudadano, al que debe ofrecer nuevas prestaciones acordes con los servicios públicos del siglo XXI, con mayor accesibilidad (24 horas al día los siete días de la semana), que permita ahorrar desplazamientos y facilite a las Administraciones públicas compartir información para evitar trámites a los ciudadanos.
Un ejemplo de ese nuevo modelo son las comunicaciones de nacimientos desde los centros sanitarios al Registro Civil, que desde su puesta en marcha se ha implantado ya en un 90% de la sanidad pública y ha permitido comunicar de forma electrónica desde los hospitales cerca de 153.000 nacimientos.
Durante este año se irán poniendo en marcha nuevos servicios que hagan más fácil la vida a los ciudadanos como la expedición de certificaciones en cualquier oficina del Registro Civil independientemente del lugar donde hayan ocurrido los hechos, a diferencia de como funciona en la actualidad.
Todo ello pensando en proporcionar un servicio público de Registro Civil de carácter único y configuración estatal que pueda responder de manera adecuada y eficiente a la demanda generada en la sociedad por las personas físicas y jurídicas que tengan que hacer uso de sus servicios, independientemente de su localización geográfica.
