El Pleno del Congreso rechazó ayer la tramitación de la proposición de ley del PP que reformaba la Ley 20/2011 de 21 de junio de Registro Civil, un texto cuya entrada en vigor se viene aplazando desde ese año y que deberá ser operativo el 30 de julio próximo.
Los ‘populares’ planteaban una modernización de la Administración con un único registro para toda España, informatizado y que permitiría, entre otras novedades, eliminar el Libro de Familia físico. Pero quedó varada.
Con 341 diputados presentes, más un voto emitido telemáticamente, los «noes» del PSOE, el grupo confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea y ERC, sumaron un total de 160 votos. Los síes, por el contrario, sólo llegaron a 134.
La abstención, principalmente de Ciudadanos, PNV, Compromís y otros, sumaron 47, con lo que la propuesta quedó desestimada.
En el debate previo, celebrado en la Cámara Baja, se centró, por parte de la oposición, en poner en duda las intenciones del Gobierno, en tanto en cuanto, lleva siete años prorrogando la entrada en vigor de esta norma.
«Lo que ustedes nos plantean es un cambio copernicano del modelo de Registro Civil, señor ministro. Nos plantea volver al modelo de 1957, el que ya nos cargamos en su momento», afirmó el diputado socialista Juan Carlos Campo durante su intervención.
Meri Pita Cárdenas, de la formación morada, recordó que en octubre plantearon su propio proyecto de registro civil, público y gratuito, calificó la proposición de ley del PP de «insuficiente».
Mikel Legarda, del PNV, por su parte, subrayó que no lo apoyarían porque en este caso «se recortan las facultades de las Comunidades Autónomas, como la de Euskadi», aunque finalmente optaron por abstenerse.
Ciudadanos, por boca de Marcial Gómez Balsera, calificó el texto de «oscuro y opaco» y rechazó apoyarlo porque lo que el ministro les estaba pidiendo era «un acto de fe».
Ante estas críticas, el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, tomó la palabra para pedir el apoyo de los grupos para tramitar la reforma y presentar las enmiendas parciales que consideren con el fin de que, el próximo mes de junio -cuando termine el último plazo de prórroga para la puesta en marcha de esta ley- pudiera haber en España «un servicio público de calidad para el ciudadano».
Sin embargo, a última hora de la tarde el Pleno del Congreso acabó por rechazar la toma en consideración de la iniciativa por el voto en contra de PSOE y Unidos Podemos y la abstención de Ciudadanos.
UNIFICACIÓN Y FORMATO DIGITAL
La intención del PP era implantar un nuevo modelo que suprimiese el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones -nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales- y crear «un registro individual que constará de una hoja o extracto en el que figurarán los datos personales de la vida del individuo, asignándole un código personal desde la primera inscripción que se practique».
Modificaciones como esta eliminarían, por ejemplo, la expedición de nuevos Libros de Familia.
Los expedidos con anterioridad, según apuntaba la norma, «seguirán teniendo los efectos previstos en la Ley del Registro Civil de 1957».
Del mismo modo, el documento proponía que no fuera necesario actualizar el contenido del Libro de Familia cuando se acompañe de la certificación literal electrónica acreditativa del nacimiento.
Los ‘populares’ también planteaban una reorganización este nuevo Registro Civil en una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro Civil y Oficinas Consulares del Registro Civil, dotadas de funciones y competencias propias, aunque dependiendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado; y una configuración de carácter electrónico, en la que se practican asientos informáticos, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica. CONFILEGAL/EP.
