La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que debía votar ayer las enmiendas a la proposición de ley sobre la pasarela al RETA no llegó a celebrarse formalmente ayer, como estaba previsto, a pesar de la presencia de todos sus componentes parlamentarios.
Todos ellos esperaron tres horas para poder comenzar –entre las 14.15 y las 17.15 horas– en la Sala Cánovas del Castillo. Lo que finalmente no sucedió.
El Gobierno invocó el artículo 111 del Reglamento del Congreso, que establece que toda enmienda a un proyecto de ley que suponga aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios necesita la conformidad del Gobierno para poder tramitarse.
Dicho artículo añade que la futura pieza legislativa y sus enmiendas que puedan estar incluidas en ese supuesto deben ser remitidas al Gobierno y que este deberá dar respuesta razonada en el plazo de 15 días; transcurrido ese plazo sin respuesta, el silencio se entenderá como conformidad.
La nueva fecha fijada para una nueva reunión de esta Comisión ha sido fijada el 26 de mayo por la mañana.
Si todo saliera bien, lo que salga aprobado sería llevado al Pleno previsto para dos días más tarde, el 28 de mayo. Y si también fuera aprobado, tendría que seguir el proceso legislativo en el Senado. Y después regreso al Congreso.
La reforma en juego afecta a miles de abogados, procuradores, médicos, arquitectos e ingenieros que durante décadas cotizaron a través de mutualidades profesionales privadas en lugar de hacerlo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Muchos de ellos descubrieron al acercarse a la jubilación que sus mutualidades apenas les garantizan pensiones de entre 300 y 500 euros mensuales. La llamada «pasarela» pretende permitir que el capital acumulado en esas mutualidades se transforme en años de cotización válidos dentro del RETA para acceder a una pensión pública más digna.
Según fuentes parlamentarias de la oposición, esta maniobra del Ejecutivo fue una respuesta directa a una realidad política concreta: las tres enmiendas transaccionales del PP y Junts tenían mayoría suficiente para salir.
El diputado de Sumar, Enrique Santiago, reconoció ante varios de los presentes, que las enmiendas eran buenas. Poco después, al parecer, se desencadenó el bloqueo.
Las mencionadas fuentes recuerdan que el Gobierno ha tenido desde el 2 de octubre, cuando se publicaron todas las enmiendas en el Boletín de las Cortes, para emitir informes de disconformidad y no ha hecho nada.
De acuerdo con fuentes del PP, el partido conservador no bloqueará la ley, pero tampoco avalará lo que no le convence. Si las enmiendas no prosperan en comisión el 26, el partido las mantendrá para el pleno —previsto para esa misma semana— y, si fuera necesario, continuará la batalla en el Senado.
Mientras tanto, miles de profesionales que llevan décadas esperando una solución a sus pensiones precarias tendrán que esperar, al menos, una semana más.
