El PP ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso en la que insta al Gobierno a «compensar económicamente» a las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia de cara a «los incrementos retributivos que, en su caso, negocie y acuerde con los representantes sindicales» para los 32.000 funcionarios que han quedado fuera del pacto que el Ejecutivo ha firmado con CSIF y UGT para subir el sueldo de los 13.000 funcionarios del ‘territorio Ministerio’.
En la iniciativa, recogida por Europa Press, el partido sostiene que dicha medida sería necesaria por el «impacto directo» que tendría la subida que se pacte «en los presupuestos autonómicos ya cerrados y en ejecución».
Al hilo, la formación emplaza también al Gobierno a «compensar económicamente a las comunidades autónomas» por los planes de actuación que se están aplicando para «reducir el aumento de la pendencia acumulada por las sucesivas convocatorias de huelga».
Con todo, insta al Ejecutivo a negociar «los términos de las propuestas retributivas en el complemento general del puesto respecto a la totalidad de los aproximadamente 45.000 funcionarios cuyas funciones y competencias vienen fijadas con carácter general y común por normativa de exclusiva competencia del Gobierno de España».
ACUERDO FIRMADO
Los ‘populares’ firmaron la PNL el pasado 5 de abril. Seis días después, el 11 de abril, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños firmó un acuerdo con los sindicatos CSIF y UGT para consumar una subida de hasta 250 euros al mes, frente a los 450 euros mensuales que reclamaban los funcionarios desde hacía un año a raíz del incremento concedido a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
En concreto, el incremento fijado será de 165 euros para Auxilio Judicial; de 180 euros para Tramitación y Ayudantes de Laboratorio; de 195 euros para Gestión y Técnicos de Laboratorio, y de 250 euros para Médicos Forenses y Facultativos.
Se llevará a cabo de forma escalonada y progresiva en 2024 y 2025, y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
La subida no afectará a la totalidad de los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia, como reclamaban en un principio los sindicatos. Beneficiará a unos 12.000 trabajadores del denominado ‘territorio Ministerio’, es decir, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla, la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Fiscalía, juzgados centrales, Registro Civil e Instituto Nacional de Toxicología-INTFC. El resto de funcionarios que trabajan en las comunidades autónomas con competencias transferidas no percibirán el complemento.
Los sindicatos STAJ, CCOO y CIG, que no firmaron el acuerdo, han convocado movilizaciones acusando a CSIF y UGT de traición y asegurando que «las reivindicaciones de la huelga continúan vigentes».
