El Partido Popular de Cataluña ha elevado el tono contra el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la supresión de diversos refuerzos judiciales en Cataluña.
El diputado autonómico y secretario nacional de operadores jurídicos del PPC, Pere Lluís Huguet, ha remitido una carta al conseller de Justicia en la que reclama que «se plante» ante el ministro Bolaños y exija la reversión de unas medidas que, a su juicio, están agravando el deterioro del servicio público de Justicia.
La iniciativa llega apenas dos días después de la resolución de la Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de Justicia, de 29 de junio de 2026, que deniega la autorización económica previa necesaria para prorrogar diversas comisiones de servicio y medidas de refuerzo en juzgados y Audiencias Provinciales.
Para Huguet, esa decisión supone retirar recursos precisamente en uno de los momentos de mayor presión para la jurisdicción civil.
En la carta dirigida al titular de Justicia de la Generalitat, el parlamentario popular sostiene que la situación de los órganos judiciales catalanes ya era especialmente delicada antes de la supresión de estos apoyos.
Según expone, Cataluña acumula actualmente 143 vacantes judiciales, mantiene agotada la bolsa de jueces sustitutos y ha perdido además la plaza número 50 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona.
A su juicio, esa combinación de factores «aboca al hundimiento de esta plaza y al colapso del conjunto de órganos civiles de la provincia», con el consiguiente deterioro de la respuesta judicial.
Riesgo de paralización de miles de procedimientos
El dirigente popular advierte de que la desaparición de los jueces y magistrados de refuerzo tendrá consecuencias directas sobre algunos de los procedimientos que concentran una elevada carga de trabajo en la jurisdicción civil.
Entre ellos cita los litigios relativos a cláusulas abusivas, las reclamaciones por usura derivadas de tarjetas revolving y el control judicial de los nuevos Métodos Adecuados de Solución de Controversias (MASC), cuya implantación forma parte de la reciente reforma organizativa de la Administración de Justicia.
Según Huguet, si finalmente se mantiene la negativa a prorrogar estos refuerzos, quedará neutralizado el esfuerzo realizado durante los últimos meses para reducir el volumen de asuntos pendientes.
Pide al Gobierno catalán que respalde la posición del TSJCat
En su escrito, el diputado del PPC también reclama al Ejecutivo catalán que haga suya la posición expresada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), que ha mostrado su preocupación por las consecuencias de la retirada de los refuerzos.
Al mismo tiempo, insta a la Generalitat a utilizar todas las competencias de las que dispone en materia de medios personales y materiales para amortiguar el impacto de la decisión adoptada por el Ministerio.
El objetivo, sostiene, es evitar que el incremento de la carga de trabajo y la ralentización de los procedimientos termine provocando «un perjuicio grave y de difícil reparación» tanto para miles de ciudadanos como para empresas que mantienen procedimientos pendientes ante los tribunales civiles catalanes.
