Aprovechando la inauguración de la nueva Ciudad de la Justicia de Córdoba, que está acogiendo las XVIII Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales hasta el próximo viernes, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebró ayer, en ese marco, su reunión mensual eligiendo a dos magistradas como nuevas presidentas de Sala de dos Tribunales Superiores de Justicia (TSJ).
Así, Carmen Arnedo, fue elegida presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por 14 votos frente a los 7 obtenidos por el magistrado de la misma Sala, Miguel Azagra Solano. Arnedo contaba con «la ventaja» de venir ejerciendo desde 2015 la Presidencia, en funciones, de dicha Sala.
Ana María Martínez Olalla, por su parte, fue renovada, por unanimidad, en el cargo de presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, para el que fue nombrada, en un primer mandato, en 2013.
La nueva presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Navarra ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1985 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Distrito número 2 de Torrelavega, para servir luego en el Juzgado de Distrito número 2 de Logroño.
En 1989, ya como magistrada, se convirtió en titular primero del Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona y posteriormente del Juzgado de lo Penal número 11 de la capital catalana; y en octubre de 1990 se incorporó a la Sala de lo Social del TSJ de Navarra.
Martínez Olalla, por su parte, ingresó en la Carrera Judicial en 1984 y tuvo su primer destino como juez en el Juzgado de Distrito de Padrón, desde donde pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Salas de los Infantes.
En 1988 se incorporó como magistrada a la Audiencia Provincial de Vizcaya y al año siguiente se convirtió en titular del Juzgado de lo Social número 3 de Valladolid, donde permaneció hasta 1993.
Desde entonces ejerce su función jurisdiccional en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, primero como magistrada, luego como presidenta de su Sección Segunda y desde febrero de 2013 como presidenta de la Sala.
El Pleno aprueba dos informes sobre textos normativos
El Pleno del CGPJ también ha aprobado hoy dos informes a anteproyectos de ley del Gobierno central, ambos por unanimidad.
El primero, del que han sido ponentes los vocales Victoria Cinto y Enrique Lucas, informó el Anteproyecto de Ley Orgánica sobre la utilización de los datos del registro de nombres de pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves.
El texto informado tiene por objeto, esencialmente, la incorporación al ordenamiento español de la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo que constituye el instrumento normativo europeo a través del cual se articulará la regulación de la transferencia por las compañías aéreas de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) de vuelos exteriores de la UE; el tratamiento de los esos datos -incluida su recogida, utilización y conservación por los Estados miembros- y el intercambio de los mismos entre dichos Estados miembros.
El segundo informe, con ponencia de los vocales Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo, se ha realizado sobre el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
El anteproyecto tiene por objeto la trasposición de algunos elementos pendientes de la Directiva (UE) 2015/849 y de la Directiva 2009/101/EC, entre ellos cuestiones referidas al régimen de sanciones –importe máximo, publicidad, etc.-, al establecimiento de canales de denuncia o a la incorporación de nuevos sujetos obligados, como las personas que medien en alquileres que supongan una renta mensual igual o superior a diez mil euros.
Jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales
El objetivo de los presidentes de AP es debatir, entre otros asuntos, sobre la propuesta de protocolo de actuación de las comisiones provinciales de coordinación en violencia sobre la mujer, la especialidad civil y penal, las clases de reparto y la organización de los refuerzos y la problemática en los plazos de instrucción y la unificación de criterios.
Las jornadas se clausurarán el viernes con la aprobación del documento de conclusiones y la elección de la sede para 2019.
