Los presidentes de Audiencias Provinciales han instado al Consejo General del Poder Judicial a que se reconozca la experiencia como criterio de acceso a la especialidad civil y penal, implantando así un doble sistema de reconocimiento de especialista en las jurisdicciones mencionadas: «un concurso-oposición con exigencia de un mínimo de años de ejercicio profesional, y un concurso de méritos, sin pruebas específicas, para quienes acrediten una experiencia profesional superior».
Así lo han expresado en el documento de conclusiones de las XVIII Jornadas Nacionales de presidentes de Audiencias Provinciales, que, durante tres días, se han celebrado en Córdoba y en las que han tomado partido 42 máximos representantes.
Sobre la violencia sobre la mujer, los presidentes proponen un protocolo de actuación en las comisiones provinciales de coordinación en este campo.
Y dentro de esas actuaciones, subrayan la «necesidad de aplicación de la Jurisdicción de los juzgados de violencia sobre la mujer a dos o más partidos cuando mejore la atención, así como los medios con los que se cuenta», destacando que «los procedimientos de modificación de medidas por modificación de circunstancias, sean tramitados por el Juez o Jueza inicialmente competente y sean enjuiciados todos los procesos relativos a la misma víctima de violencia de género por el mismo órgano».
En ese sentido, consideran que «las Unidades de Policía, Juzgados especializados, Fiscalía, los institutos de medicina legal y la oficina de Ayuda a la violencia doméstica, deben de actuar de forma conjunta y tener protocolos de actuación uniforme en toda la provincia, superando la estructura de partidos judiciales».
Apuesta por los métodos alternativos de resolución de conflictos
Por otra parte, los presidentes de AP consideran una «urgente necesidad» evitar la judilización mediante reformas introduciendo métodos alternativos de resolución de conflictos y soluciones procesales de otra naturaleza.
«La proliferación de recursos de apelación relativos a condiciones generales de la contratación incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea persona física obliga a aprobar por el CGPJ un plan urgente de refuerzo en las secciones civiles afectadas de las AAPP. El plan conllevará, en cualquiercaso, la adscripción de los jueces necesarios bajo la modalidad orgánica que se estime adecuada», afirman.
«Se considera, principalmente, que el refuerzo debe recaer en las Secciones a las que la ley les atribuye el conocimiento de las anteriores materias ( art. 82.2.2 LOPJ ), sin que este reparto exclusivo compense con otros asuntos de distinta naturaleza atribuidos al conocimiento de las demás Secciones de la misma Audiencia Provincial, en forma similar al plan de urgencia aprobado para los órganos unipersonales», añaden.
«En su defecto, el CGPJ debería fijar, como criterio orientativo, el porcentaje de compensación que a cada asunto de tal naturaleza le corresponda en el reparto con otros distintos».
