Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) han criticado duramente al ministro Rafael Catalá por sus desafortunadas declaraciones que minan la confianza en el sistema judicial; la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), por su parte, ha exigido el cese de los graves ataque que está sufriendo el poder judicial.
La más dura de las tres asociaciones ha sido Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), quien ha pedido ha pedido públicamente la dimisión de Catalá por alentar «la deslegitimación del poder judicial», en relación a la sentencia del «caso Manada».
JJpD respondía así a las declaraciones realizadas por el ministro avanzando, por una parte, que el Gobierno revisaría si los delitos estaban bien tipificados en el Código Penal, después de que la Audiencia de Navarra condenara por abusos y no por violación a los 5 miembros de «la Manada», y por otra -estas a Hora 25, de la Cadena SER-, afirmando que en una sentencia hay vías de recurso, «y si esas consideraciones del voto particular se consideran que están fuera de lo razonable hay vías disciplinarias».
«Nos resultan inadmisibles las declaraciones del Sr. Rafael Catalá, único ministro de Justicia reprobado parlamentariamente en la historia de nuestra democracia, que se suman al descrédito y piden la revisión de un voto particular por el Consejo General del Poder Judicial, carente de competencias al efecto», recuerda esta asociación de jueces en un comunicado.
JJpD admite la crítica pública y razonada a las resoluciones judiciales, pero dicen observar con estupor, en relación a estas declaraciones, «declaraciones de responsables políticos carentes del más mínimo respeto institucional a nuestra legislación y a nuestros Tribunales».
Y recuerda: «El Tribunal ha tenido que enfrentarse a una calificación jurídica problemática, la distinción entre la intimidación y el abuso con prevalimiento de una situación de superioridad, y ha optado por una de ellas de manera fundada y razonada».
Por lo que señalan que «Esa interpretación no es la única posible, y, a estos fines, la Sentencia está sujeta al sistema de recursos previsto por nuestra legislación. La Sentencia no agota el debate: continuará en Tribunales superiores, para cuyos componentes pedimos respeto personal y institucional a su independencia».
FJI: Obligación de respetar al poder judicial
Foro Judicial Independiente (FJI), por su parte, tacha las palabras del ministro de «irresponsables».
«Tal actitud solo puede ser calificada de irresponsable, impropia de un Ministro de Justicia y dirigida a minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Un nuevo ataque al Estado de Derecho y en definitiva a la misma democracia por parte de quien tiene la obligación de respetar otro poder el Estado», de FJI.
Desde su punto de vista, las declaraciones del ministro «no sólo no han propiciado la protección necesaria a los miembros del poder judicial en el ejercicio jurisdiccional sino que, lejos de ellos, suponen una flagrante invasión de la independencia del poder judicial. Corresponde exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de los jueces, la posibilidad de incoar un expediente disciplinario para establecer el enlace de la conducta realizada por el juez o magistrado, resolviendo sobre la existencia o no de la infracción y la imposición de la sanción pertinente».
APM: Llamamiento a la confianza
En el caso de la APM, se hace «un llamamiento, ante todo, a la confianza en el sistema jurídico constitucional y al respeto personal».
Y «exige el cese de los graves ataques que están sufriendo los titulares del Poder Judicial».
La APM recuerda «que la defensa de la independencia judicial es un valor del que una sociedad no puede prescindir dentro de un marco democrático de libertades».
«Este principio esencial merece particular respeto y protección por aquellas personas e instituciones que, por su función institucional, tienen una especial responsabilidad en la defensa del interés público y de la independencia judicial, principio básico del Estado de Derecho que garantiza la convivencia democrática, incluso cuando ello suponga contrariar la supuesta opinión pública. Esta obligación es especialmente predicable en los otros dos Poderes del Estado, es decir en los miembros del Gobierno (particularmente en el Ministro de Justicia) y en los representantes de la soberanía nacional», concluye.
