Un centenar de personas, entre ellas intelectuales y víctimas del terrorismo, han suscrito un manifiesto en el que piden el esclarecimiento de los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA, que «ascienden al menos a 358», así como «su condena de la historia de terror», de manera que «deslegitime la violencia con vistas a generaciones futuras y para la consecución de cualquier objetivo político», según han explicado sus promotores.
Con este documento, los autores del manifiesto ‘Por un fin de ETA sin impunidad’ difundido hace un año —Fernando Savater, Maite Pagazaurtundúa, Consuelo Ordóñez, Joseba Arregi, Martín Alonso, Luis Castells y Teo Uriarte-– pretenden contribuir a «un debate limpio y necesario en el marco del final de la organización terrorista y su fuerte operación de blanqueo».
«ETA tiene la oportunidad de encarar todo esto inmediatamente para no generar una doble victimación en aquellos a los que persiguió, acosó, hirió o asesinó», señalan. Para ello, piden el final de «los homenajes públicos a terroristas» y «el respeto a todas las víctimas sin excepción».
En este sentido, remarcan que «no caben discriminaciones al referirse a ellas». «Es una nueva humillación. Nadie está bien muerto, ninguno debió ser asesinado», señalan.
Asimismo, piden el reconocimiento público de que ETA «obstaculizó el desarrollo de la democracia en España» y que, a pesar de ello, «hay ahora en España una democracia indudable, que debe ser respetada y defendida por todos, constitucionalistas y nacionalistas».
A su entender, «resulta especialmente cínico y cruel que publiciten una petición de perdón a las víctimas, y a la vez, justifiquen el asesinato de muchas de ellas». «Justificar sus crímenes por la existencia de un conflicto y prolongar sus tentáculos en la estrategia política no es mostrar arrepentimiento», insisten.
El manifiesto advierte de que «su calculada alusión al perdón siembra la sospecha de si simplemente se debe a un requisito impuesto y para salvar la cara de los autodenominados mediadores internacionales y que no deja de ser una cuestión formal vacía de significado».
Además, censura que ETA «diluye» su responsabilidad al «invocar la teoría del conflicto», dando a entender que «todos hemos sido responsables del terror».
«La impunidad moral, social y política –agrega– intenta abrirse espacio aprovechando las ganas de la sociedad de un final de ETA que se ha convertido en una larga agonía que sólo beneficia a quienes quieren sacar provecho de ella».
EL CHANTAJE
Asimismo, el documento considera que ETA «manipula los sentimientos «de la sociedad española, «tentada de pedir generosidad» a las víctimas del terrorismo, «obviando que ello implica la renuncia a derechos legítimos, entre ellos la reivindicación de justicia, que es a su vez un componente de la reparación». «Esta demanda es un chantaje moral íntimo y personal para la mayoría de las víctimas, y una trampa para la sociedad en su conjunto», señala.
Entre los firmantes, se incluyen nombres como Fernando Aramburu, Jon Juaristi, Juan José Millás, Rosa Díez, Andrés Trapiello, Josu Puelles, Ana Iríbar, José Ibarrola, María San Gil, Gorka Maneiro, Adolfo Suárez Illana, o Florencio Domínguez. (EP)
