El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha afirmado que a la Judicatura de la capital vizcaína no le consta que Ricardo González, magistrado que ha dictado el voto particular del caso de ‘La Manada’ y que trabajó en los juzgados de la villa, tenga «problemas».
Por ello, ha calificado de «muy desafortunadas» e «irresponsables» las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, «dejando caer sin concretar supuestos problemas de un compañero porque ha dictado una resolución que no gusta en general y que no gusta al ministro».
El juez decano se ha referido a la polémica que se ha creado en torno a las palabras de Catalá, al asegurar que el juez del voto particular tiene «un problema singular», por lo que jueces y fiscales han reclamado su dimisión.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Uriarte ha precisado que Ricardo González fue titular del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bilbao, y ha asegurado que, aunque él no le ha conocido, a la Judicatura de la capital vizcaína no le consta que tuviera «problemas».
REPERCUSIÓN SOCIAL
A su juicio, «es gravísimo» lo que ha hecho el ministro de Justicia y no se esperaba «este ataque a un juez, al Poder Judicial», porque una resolución «no le gusta y no es de su agrado». «Que deje caer unas veladas insinuaciones sin concretar de un compañero, es de una irresponsabilidad gravísima. Por eso, todas las asociaciones han solicitado la dimisión como ministro», ha apuntado.
Asimismo, ha considerado que «se han ido de madre las cosas en este asunto». «Éste es un caso muy mediático. Se ha reflejado en la calle una queja grandísima porque en nuestra la sociedad hay mujeres que son maltratadas, que son violadas y hay un machismo en la sociedad. Y ha explotado, con este caso, de una forma injusta para los tres compañeros. Todos sabíamos que esta resolución iba a tener una repercusión en la sociedad muy importante», ha subrayado.
Aner Uriarte ha señalado que los jueces de la Audiencia de Navarra «lo tenían muy fácil para irse tranquilamente a su casa», simplemente «poniendo la máxima pena posible» para los procesados. Pero, ellos, tras ver «todas las pruebas, han decidido algo que no es popular. Con esta decisión no ganan nada», ha añadido, en alusión a la condena de nueve años de prisión para cada uno de los cinco procesados por abuso sexual y no por agresión sexual.
Por ello, cree que, «si han llegado a esa conclusión ha sido porque lo han visto claro». «Yo defiendo el derecho que tiene un juez a poner una sentencia cuando lo tenga claro, independientemente del clamor popular, porque es la garantía de todos los ciudadanos», ha apuntado. (EP)
