El abogado de Puigdemont insta al gobierno alemán a mediar entre el Gobierno español y los separatistas catalanes

El abogado alemán de Carles Puigdemont, Wolfgang Schomburg, ha instado al gobierno alemán a que el Gobierno de Angela Merkel intervenga en España, mediando entre el Gobierno español y los separatistas catalanes, proponiendo una iniciativa de paz en favor de España y en el interés de Europa, de acuerdo con una entrevista publicada por la agencia alemana DPA.

No es la primera vez que Schomburg, un exmagistrado, se expresa en estos términos.

El pasado mes de marzo, declaró que el Gobierno alemán no extradita por causas  políticas, obviando que es el Tribunal Superior del Estado federal de Schleswig Holstein el que se comunica directamente con el Tribunal Supremo español, porque el procedimiento es una orden europea de detención y entrega.

Schomburg declaró entonces que la euroorden del Supremo español contra Puigdemont es «imprecisa y superficial» y no se tenía que considerar válida.

«La acusación de violencia contra Puigdemont es insostenible, y la acusación de corrupción es temeraria», afirmó.

Schomburg hizo uso, asimismo, en la entrevista de la Agencia DPA de un oximorón, al calificar de «silencio atronador» del Gobierno de Merkel sobre la euroorden.

«No entiendo que el Gobierno federal no haya dicho desde el principio y por iniciativa propia que no aprobaría la extradición. Nosotros no queremos que los dramáticos asuntos políticos internos españoles sean resueltos en territorio alemán», dijo Schomburg en la citada entrevista.

En opinión del experimentado abogado, habría sido más lógico que el Gobierno de la canciller Angela Merkel hubiese examinado de antemano el caso para posteriormente aclarar si daría luz verde por principio a la entrega de una figura como la de Puigdemont, obviando así, nuevamente, que las relaciones son directas entre autoridades judiciales y en las mismas nada tiene que decir el Ejecutivo.

EN JUEGO LA COOPERACIÓN JUDICIAL EUROPEA

La decisión de los tribunales belgas, denegando la entrega de los tres exconsejeros catalanes huidos a ese país, pone en una difícil tesitura al tribunal alemán y al escocés, que también tiene que tomar una decisión sobre la entrega de Clara Ponsatí, exconsejera de Educación en el gobierno de Puigdemont.

Porque de seguir la misma senda que Bélgica, la cooperación entre tribunales dentro de la Unión Europea se vería afectada de un modo muy grave.

En opinión de fuentes de la Audiencia Nacional, órgano que en España da luz verde o deniega las euroórdenes que se solicitan a nuestro país, «la orden europea de detención y entrega se basa en el principio de la confianza mutua y en el reconocimiento de las decisiones que se tomen en el país que hace la petición. Si el tribunal de Schleswig Holstein finalmente deniega la entrega de Puigdemont pondrá muy difícil cualquier cooperación judicial futura que se nos demande».

Puigdemont fue detenido en el norte de Alemania el pasado 25 de marzo cuando cruzó la frontera con Dinamarca procedente de una conferencia que había ofrecido en Finlandia.

La justicia española había emitido previamente una euroorden de detención ya que el político estaba siendo investigado por el referéndum soberanista celebrado en octubre en Cataluña, que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal.

Tras la correspondiente petición de entrega por parte de la fiscalía alemana, el Tribunal Superior del estado federado de Schleswig-Holstein decidió, sin embargo, dejar a Puigdemont en libertad bajo fianza tras descartar el cargo de rebelión, el más grave que se le imputaba.

TAMBIÉN SEDICIÓN

En el escrito que el magistrado instructor del caso, Pablo Llarena, envió a la fiscal jefe del Tribunal Superior del Estado de Schleswig-Holstein el pasado 26 de abril, éste mantuvo la acusación de rebelión pero también el de sedición, del artículo 544 del Código Penal español.

«Este delito exige de un alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes, el ejercicio legítimo de la autoridad o el cumplimiento de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales», escribió Llarena.

Y añadió: «Es un delito que en sí mismo no precisa violencia y cuyo bien jurídico protegido es el orden público».

A diferencia del de rebelión, que exige violencia, y que está castigado, para los jefes principales, con prisión de 15 a 25 años, que se elevaría a 25 o 30 años al integrarlo con un delito de malversación, el de sedición está penado con cárcel de 10 a 15 años, además de la pena correspondiente por malversación de caudales públicos.

Éste, según Llarena, encajaría con los artículos 89, 113, 125 y 240 del Código Penal Alemán.

La fiscal jefe del Tribunal Superior de Schleswig, que es la que representa los intereses españoles ante ese tribunal, es la que ha hecho la petición y sobre la que se espera  una respuesta.

PUIGDEMONT EN LIBERTAD PROVISIONAL

Puigdemont, que debe presentarse una vez a la semana ante la policía alemana, y sus abogados esperan ahora que la fiscalía alemana presente una segunda petición de extradición por corrupción y malversación de fondos públicos por la celebración del referéndum de autodeterminación ilegal, como argumenta la justicia española.

Sea cual sea la decisión final de los jueces de Schleswig-Holstein, la última palabra sigue siendo del Gobierno que encabeza Merkel, según Schomburg.

Schomburg es un prestigioso abogado penalista, ex juez del Tribunal Supremo de Alemania y con una larga experiencia en tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), en La Haya, y en el de Ruanda, con sede en Arusha (Tanzania).

En 2001, Schomburg se convirtió en el primer ciudadano alemán en ser elegido por la Asamblea General de Naciones Unidas para integrar un tribunal penal internacional. «Sin coraje no se logra nada», señaló el reputado jurista a dpa al repasar su trayectoria. CON INFORMACION DE EP.