Las propuestas para reformar o derogar la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, denominada ‘ley mordaza‘ por sus detractores, han cumplido tres meses bloqueadas en el Congreso de los Diputados desde que los grupos parlamentarios presentaron sus enmiendas a las mismas.
En septiembre de 2017, el Pleno de la Cámara admitió a trámite dos proposiciones de ley distintas para acabar con esa norma, aprobada en 2015 por el Gobierno del PP en su etapa de mayoría absoluta y recurrida ante el Tribunal Constitucional.
Una iniciativa, la del PSOE, propone eliminar toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992 y que es la conocida como ‘Ley Corcuera‘, porque se aprobó con José Luis Corcuera al frente de Interior o como ‘ley de la patada en la puerta’, por el punto que acabó recurrido ante el Tribunal Constitucional.
La otra es una propuesta del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992 y que hasta el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se mostró dispuesto a aceptar como punto de partida, llamando a que el resto de grupos consensuaran en qué términos se quería reformar la norma.
UN PRIMER ‘PARÓN’ DE CINCO MESES
Desde que fueran tomadas en consideración por el Pleno del Congreso en septiembre, las dos reformas cayeron en un limbo y, semana tras semana, se fueron ampliando los plazos de presentación de enmiendas en la Mesa del Congreso.
Cinco meses después, el 27 de febrero se acabaron las prórrogas y todos los grupos parlamentarios debieron presentar sus enmiendas parciales a las dos proposiciones de ley, pero la tramitación no ha acabado de desbloquearse.
La Comisión de Interior del Congreso encargó un informe a los letrados para ver cómo tramitaba las dos proposiciones de ley y sus respectivas enmiendas, dado que las iniciativas del PSOE y del PNV no son exactamente iguales, aunque hayan coincidido en el tiempo.
El informe de los servicios jurídicos, al que tuvo acceso Europa Press, confirma que la tramitación no va ser tan sencilla como se pensaba. Los letrados han avisado de que, si los textos del PSOE y del PNV siguen su camino por separado, «puede dar lugar a incongruencias de procedimiento y de resultado, ya sea por reiteración de decisiones legislativas, lo que es contrario a un elemento principal de economía procesal, o por otra parte, lo que es peor, por posibles divergencias y contradicciones contrarias a la lógica jurídica».
Teniendo en cuenta que ese doble procedimiento «no parece el mejor método», los letrados apuestan por la «acumulación o tramitación conjunta» de las dos iniciativas con el objetivo de alumbrar «un texto resultante» que unifique los textos del PSOE y del PNV.
UNA O DOS PONENCIAS
Por ello, aconsejaban constituir dos ponencias paralelas, una sobre la derogación que plantea el PSOE y otra con la modificación que propone el PNV, para que se reúnen conjuntamente y propongan a la Mesa del Congreso la tramitación acumulada de un solo texto que unifique las dos proposiciones de ley y sus respectivas enmiendas, todo ello bajo una nueva denominación.
En la unificación de los textos tiene más que perder la proposición de ley del PSOE, ya que se remonta a la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 que ya ha sido derogada por la de 2015 y que a lo largo de estos 25 años ha sido ya ampliamente rebasada por los distintos cambios que se han producido en la legislación penal.
«La tramitación se presume compleja», avanzaban los letrados, que ya auguraban que no podrá resolverse en menos de tres o cuatro sesiones de trabajo ya que habrá que ir incorporando enmiendas de uno y otro origen.
Lo cierto es que, si en anteriores legislaturas, el plazo medio para que se emitiera el informe de ponencia en la Comisión de Interior era de unos quince días desde la presentación de las enmiendas, esta reforma ya ha cumplido tres meses y aún no se ha empezado a discutir el articulado.
Y AL FINAL, MAYORÍA ABSOLUTA COMO MÍNIMO
Está por ver ahora si, con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras el triunfo de su moción de censura contra Mariano Rajoy, se impulsa el trámite parlamentario de estas propuestas, teniendo en cuenta que el PSOE es uno de sus autores y que el líder socialista la citó como una de las prioridades de su programa de Gobierno.
Eso sí, al final, y dado que se trata de una ley orgánica, el texto resultante deberá ser aprobado por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso, lo que implica reunir al menos 176 votos de diputados. Si se supera este umbral, la iniciativa de reforma de la ‘ley mordaza’ se enviará al Senado para volver a empezar todo el trámite, esta vez en un contexto de mayoría absoluta del PP. (EP)
