La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene sobre la mesa una decisión a tomar: qué hacer con la «fusión» en curso de los dos borradores de proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) que el PSOE elaboró en 2011 y el PP en 2013.
El trabajo está muy avanzado. Según ha podido saber Confilegal, sólo resta una mera semana de trabajo.
El encargo fue realizado por el ministro saliente de Justicia, Rafael Catalá, a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Nicolás González Cuéllar, catedrático de derecho procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado, Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y abogado, y Pedro Crespo Barquero, fiscal de sala del Tribunal Supremo -cuyo nombre ahora suena para suceder a Julián Sánchez Melgar en la Fiscalía General del Estado.
Crespo Barquero, un hombre próximo a Cándido Conde Pumpido, magistrado del Constitucional y fiscal general del Estado bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se bajó del barco hace unas semanas, al conocer la noticia publicada por Confilegal.
El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 fue elaborado por un grupo de expertos impulsado por el entonces ministro de Justicia socialista, Francisco Caamaño, bajo la dirección del Juan Carlos Campo, secretario de Estado de esa cartera, y no pudo ver la luz por falta de consenso y por el adelanto de las elecciones.
El segundo proyecto de código procesal penal se materializó en 2013.
Fue redactado por una comisión de expertos dirigida por Marchena, y de la que formaba parte González-Cuéllar, bajo el mandato del ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón.
Los cuatro expertos, en un principio, y luego los tres que han quedado, se repartieron las dos propuestas -no tan alejadas la una de la otra- y estaban avanzando hacia una versión final cuando tuvo lugar la moción de censura que echó del poder al Partido Popular.
«El producto es bueno», aclara el doctor Moreno Catena. «Que vea o que no vea la luz depende del impulso político y de la fuerza que se le de. Pero para ello es imprescindible el consenso básico de los dos principales partidos».
El anteproyecto de LECRIM del PSOE constaba de 789 artículos y el código procesal penal del PP de 707.
La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882 y pese a los repetidos parches aplicados a lo largo de sus 136 años de vida, es generalizado el consenso de que es necesario aprobar una nueva que venga a sustituir a la actual.
