Los trabajos van bastante avanzados. Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Nicolás González Cuéllar, catedrático de derecho procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado, Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y abogado, y Pedro Crespo Barquero, fiscal de sala del Tribunal Supremo y miembro de la Unión Progresista de Fiscales, están llevado a cabo la «fusión» de los dos borradores existentes a instancias del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El primero, el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal fue elaborado en 2011 por un grupo de expertos impulsado por el entonces ministro de Justicia socialista, Francisco Caamaño, bajo la dirección del Juan Carlos Campo, secretario de Estado de esa cartera, y que no vio la luz por falta de consenso y por el adelanto de las elecciones.
Y el segundo, el código procesal penal, se materializó en 2013.
Fue redactado por una comisión de expertos dirigida por Marchena, y de la que formaba parte González-Cuéllar, bajo el mandato del ministro de Justicia del PP, Alberto Ruiz-Gallardón.
Según ha podido saber Confilegal, los cuatro expertos se han repartido las dos propuestas -no tan alejadas la una de la otra- y están avanzando hacia una versión final.
El anteproyecto de LECRIM del PSOE constaba de 789 artículos y el código procesal penal del PP de 707.
La vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal data de 1882 y pese a los repetidos parches aplicados a lo largo de sus 136 años de vida, es generalizado el consenso de que es necesario aprobar una nueva que venga a sustituir a la actual.
