La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha reivindicado una división clara de roles en el proceso penal: los fiscales investigan, los jueces juzgan.
El Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECRIM), actualmente en tramitación parlamentaria, recoge precisamente ese modelo.
Peramato no ha dudado en calificarlo de «reivindicación histórica de la mayor parte de los juristas».
Lo ha hecho en la apertura de una jornada de debate sobre la reforma celebrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
«El fiscal tiene que estar en la investigación», afirmó, mientras que los jueces deben dedicarse a «juzgar, ejecutar lo juzgado o ejercer como jueces de garantía» —esto es, velar por los derechos fundamentales durante el proceso—.
Una función, recordó, que es precisamente la que la Constitución les atribuye.
El diagnóstico sobre el sistema actual fue contundente: «las costuras ya no aguantan más».
Peramato apeló a la necesidad de un modelo adaptado a «una sociedad mucho más dinámica y compleja» y rechazó con firmeza el inmovilismo: «No podemos anclarnos en el siglo XIX».
Que la reforma haya llegado al Congreso, después de varios intentos fallidos de gobiernos anteriores, lo consideró «un hito fundamental».
Peramato reclamó también autonomía presupuestaria para la Fiscalía como condición indispensable para su funcionamiento independiente.
«Las instituciones solo pueden funcionar con verdadera autonomía si tienen su propio presupuesto», ha afirmado.
La fiscal general del Estado fue más allá y enumeró otras carencias estructurales del Ministerio Público: falta de autonomía reglamentaria, organizativa, formativa y digital.
Un déficit acumulado que, a su juicio, lastra la capacidad real de la institución para operar con eficacia.
l.
