La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola reveló ayer, durante su intervención en la Asamblea de Madrid, que después del verano prevé modificar el Decreto que regula la asistencia gratuita de comunidad uniprovincial para anticipar los pagos a abogados y procuradores al terminar cada mes.
Esta medida, de producirse, será una auténtica novedad, algo desconocido hasta la fecha, en que los pagos se han realizado con un retraso de más de seis meses.
Sobre las infraestructuras judiciales, que fue lo que movilizó a los jueces y magistrados de la región el año pasado, por su mal estado, la consejera recordó que en la puesta en marcha del Plan de mejora se había hecho una inversión en 2018 que casi ha triplicado la de años anteriores, «hasta alcanzar los 19,7 millones de euros, lo que supone también multiplicar por 30 el presupuesto de 2015».
AGRUPACIÓN DE SEDES JUDICIALES
Ibarrola afirmó que una de las prioridades de su Consejería era la agrupación de sedes judiciales, lo que «nos perita ganar en eficiencia, reducir costes y mejorar los servicios que se prestan».
Y recordó lo que se ha hecho ya para agrupar las secciones de lo Civil y de Penal de la Audiencia Provincial de Madrid en dos edificios contiguos, la unificación de los juzgados del partido judicial de Aranjuez en una única sede, la próxima reubicación de los juzgados de Móstoles o el inicio de la tramitación para la construcción del nuevo edificio único judicial de Torrejón de Ardoz.
Para los próximos meses, Ibarrola destacó la puesta en marcha de un nuevo núcleo penal en Madrid capital, en la zona de San Blas, que concentrará en tres edificios, situados en un radio de 100 metros, un total de 56 juzgados, con espacio adicional para nuevos órganos judiciales.
“Supone la mayor inversión que ha realizado la Comunidad de Madrid en una sede judicial”, indicó.
Fuera de la capital, se van a terminar los edificios de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial que permitirán unificar las sedes en ambos partidos judiciales, se impulsará la ampliación y mejora de los juzgados de Alcobendas y Getafe y se licitará la redacción del proyecto de construcción del nuevo edificio judicial de Móstoles.
MENOS INTERINOS
Sobre el personal, la consejera de Justicia afirmó que ya se han cubierto el 52 % de las vacantes que existían en 2015 y que, el año pasado, la tasa de interinidad se rebajó al 33 %. “Para este año, tenemos la previsión de reducirla hasta el 25 %”, avanzó.
De cara al futuro, adelantó que se está trabajando en la implantación de la Nueva Oficina Fiscal, que supondrá la consolidación de empleo, y en la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “una asignatura pendiente que resolveremos en los próximos meses”.
Asimismo, la Consejería va a crear los servicios comunes de actos de comunicación en los partidos judiciales que no cuenten con ellos, para agilizar los trámites de notificaciones y resoluciones judiciales. También espera poder firmar con los nuevos ministros de Justicia y de Interior un convenio para la creación de oficinas judiciales delegadas en los centros penitenciarios.
