Tras una comparecencia de 30 minutos, la asesina confesa de «El Pescaíto», Ana Julia Quezada, se ha negado a responder a las preguntas del juez instructor del caso, por recomendación de su abogada, Beatriz Gámez. La letrada ha dicho que «no va a declarar mientras esté el secreto de sumario» para salvaguardar «su derecho de defensa».
A su salida de la Ciudad de la Justicia de Almería, Gámez ha dicho que el juez pretendía «aclarar unos aspectos que no tenía claros» sobre la forma en la que se produjeron los hechos, y ha reiterado que «hasta que no se levante el secreto de sumario, no debe declarar».
El magistrado Rafael Soriano ha dejado constancia de las preguntas dirigidas a la única sospechosa del crimen tras haber recibido nuevos informes periciales en relación a la autopsia que vendrían a completar el sumario, aún bajo secreto desde el pasado mes de marzo y que, según las partes, será levantado de forma parcial entre mañana y pasado.
Por su parte, el abogado de los padres de Gabriel, Francisco Torres, ha criticado el «sentido de la propia comparecencia» de esta mañana, y ha afirmado que «tampoco tiene el menor sentido” que el sumario siga bajo secreto, ni que los hayan citado a declaraciones de testigos para escuchar a gente que ha declarado con antelación sin conocer qué han declarado, lo que “imposibilita poder pensar en que puede haber o no contradicciones».
Para Torres era «previsible» que la sospechosa, que de momento permanecerá en la prisión de Almería pese a haber interesado su traslado a otras cárceles, «no declarara» en este nuevo llamamiento y ha urgido el acceso a las actuaciones, lo que ya ha solicitado anteriormente.
«El secreto de las actuaciones se ha de producir cuando se está investigando un asunto, no a la espera de que vengan resultados de determinadas analíticas, que es compatible con el secreto de las actuaciones», ha valorado el abogado, que ha reconocido que hay pruebas pendientes de recibir.
Sin autorización para la incineración
El representante de Patricia Ramírez y Ángel Cruz también ha señalado que los tiempos marcados por el juez instructor suponen una «pena añadida» y un «calvario permanente» para su familiares, que han «solicitado reiteradamente la incineración de Gabriel», aunque aún «no se ha autorizado».
Los padres del pequeño han recurrido ante la Audiencia Provincial de Almería el auto del juez Soriano que autoriza a la asociación Clara Campoamor a personarse en la causa como acusación popular.
Torres espera que la Audiencia, al menos, «imponga una fianza» para poder entrar como parte en el procedimiento a la asociación, a la que ha afeado que no haya trasladado las «condolencias» a la familia.
En su auto, dictado el pasado día 13, el juez consideró que la asociación no debía prestar fianza alguna puesto que ha acreditado tener un interés directo en procesos penales en defensa de los menores víctimas de delitos. Con información de EP.
