El PP se opone a que el caso de los «papeles de Barcenas» pueda ser utilizado mediática y políticamente contra ellos durante los próximos 26 meses y ha recurrido en reforma contra la decisión del magistrado José de la Mata de prolongar la investigación hasta agosto de 2020.
El titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional tomó esa decisión, a petición de la acusación popular representada por IU, lo que se adhirió Adade, debido a que «el caso involucra, desde luego, a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas».
Y añadió que sería necesario exigir «la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis, y la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas, en lo que se refiere a las operaciones que alcanza».
El Partido Popular, sin embargo, considera que esa prolongación de la instrucción no hace más que perjudicarles, sobre todo ante el año electoral que viene, 2019, en el que se celebrarán elecciones europeas, autonómicas y municipales; y aunque no están previstas, también las generales.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido, por su parte, en apelación. El Ministerio Fiscal informó el 4 informó el 4 de junio de 2018 de que «[…] el examen del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en concreto de las circunstancias que posibilitan la declaración de complejidad de un asunto, nos permite concluir que ni las diligencias practicadas desde la reapertura de la causa, ni las solicitadas, pendientes de decisión judicial, tienen encaje en ninguno de los supuestos que habilitan para la declaración de complejidad».
La Fiscalía Anticorrupción considera que «no es razonable» porque la causa está lista para ir a juicio y las diligencias que tengan que hacerse podrán practicarse en la vista oral, segun fuentes de la Fiscalía.
Esta pieza se reabrió a raíz de las declaraciones que hizo el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, durante el juicio por los primeros años de actividades de sus empresas junto a dirigentes del PP, donde afirmó que intermedió para que varias constructoras resultasen adjudicatarias de concursos ministeriales a cambio de comisiones que fueron entregadas al extersorero ‘popular’ Luis Bárcenas. EP.
