La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha entregado hoy en Madrid 35 condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a miembros de las carreras judicial y fiscal. Un distintivo que se otorga en reconocimiento a quienes, desde la excelencia, contribuyen o han contribuido al desarrollo del Derecho.
En el acto, celebrado en la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Llop ha reconocido la “trayectoria, preparación, estudio, buen hacer, vocación de servicio público y excelencia” de los galardonados, cuyos méritos ha asegurado que son “una fuente de inspiración para muchos otros juristas” y “ejemplo de dedicación y de compromiso con España”.
Asimismo, ha recordado su función de “garantes de la Constitución española” y ha resaltado su papel “para avanzar con certidumbre y seguridad jurídica” y su implicación “en la evolución del servicio público de Justicia”.
Entre los condecorados se encuentran Milagros Calvo, primera mujer que accedió al Tribunal Supremo en España; José de la Mata, miembro nacional de España en Eurojust; María José Segarra, exfiscal general del Estado; Juan José López Ortega, presidente de la Comisión de expertos para la redacción del anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento criminal; y, a título póstumo, Cristina Toro, referente en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.
Mejora del servicio público de Justicia
Pilar Llop ha hecho referencia también a las iniciativas que el Ministerio de Justicia ha emprendido para mejorar el servicio público de Justicia y hacerlo “más ágil, igualitario, eficiente, sostenible. Para que resulte “más adecuado” a la hora de responder “a la mayor complejidad de las relaciones sociales y económicas y al incremento de la litigiosidad”.
Entre las medidas en marcha ha destacado las tres leyes de eficiencia ―organizativa, procesal y digital―, ya en tramitación parlamentaria. Normas que, ha indicado, “conforman una relación triangular dinámica en el proceso de transformación del ordenamiento procesal”.
Asimismo, la ministra ha señalado la necesidad de seguir avanzando en los proyectos de digitalización desarrollados por el departamento que dirige para contribuir a superar la brecha digital que “todavía afecta a personas de edad más avanzada y a aquellas con menores recursos o con discapacidad”, y la de seguir luchando para que desaparezca el techo de cristal en la designación de altos cargos en el ámbito de la Justicia.
