La magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, exministra de Justicia y expresidenta del Senado, Pilar Llop, clausuró ayer las I Jornadas Formativas PROLAJ sobre violencia de género, organizadas por esta nueva asociación de letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en colaboración con el Gobierno de Canarias.
Un encuentro que reunió en Las Palmas de Gran Canaria a representantes institucionales y a profesionales del ámbito jurídico comprometidos con la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas.
Durante su intervención, Pilar Llop –una de las grandes expertas en violencia de género de nuestro país– agradeció de forma expresa el trabajo desarrollado por la asociación y por los operadores jurídicos implicados en estas I Jornadas subrayando la importancia de la acción conjunta de las administraciones. “No puedo decir nada más que dar las gracias por todo el trabajo que hacéis día a día”, afirmó Llop, quien insistió en la necesidad de una respuesta coordinada frente a esta lacra social.
En este sentido, la magistrada destacó que la erradicación de la violencia requiere una implicación firme y transversal: “Cuando en todas las administraciones y desde todos los ámbitos estamos juntos y convencidos, tenemos clara convicción de que hay que erradicar la violencia contra los niños y los menores. Lo vamos a perseguir. Vamos a poner todos nuestros empeños”.
El presidente de PROLAJ, Alejandro Asensio, valoró muy positivamente la celebración de estas primeras jornadas, que calificó como un hito para la asociación.
“Es una ilusión absoluta porque estas jornadas son las primeras que hemos organizado y Las Palmas será un hito absoluto en la historia de nuestra asociación, que acabamos de nacer”, señaló, destacando además la colaboración institucional y el apoyo de los Colegios de Abogados y Procuradores de Canarias.
Asensio subrayó que el cierre de este primer ciclo formativo no supone un punto final, sino un impulso para seguir avanzando: “No hay que echarse a dormir, hay que seguir trabajando y seguir madurando”.
UNA APUESTA DE ÉXITO DE LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA DEL GOBIERNO CANARIO
Por su parte, el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez, puso en valor la apuesta del Ejecutivo autonómico por este tipo de iniciativas y por modelos especializados de actuación.
“Desde la Consejería de Justicia se ha apostado públicamente por este modelo”, afirmó, destacando el compromiso del Gobierno canario con las víctimas, incluidas las víctimas menores, y con el desarrollo de recursos y protocolos específicos.
Rodríguez agradeció igualmente a PROLAJ el esfuerzo organizativo realizado en un corto espacio de tiempo gracias al respaldo institucional de la Consejería de Justicia que ha hecho posible la celebración de las jornadas, a las que calificó como “un modelo de éxito”, incluso al haberse desarrollado en fechas cercanas al periodo navideño.
Las Primeras Jornadas Formativas PROLAJ sobre violencia de género nacen con el objetivo de reforzar la formación especializada de los operadores jurídicos y avanzar hacia una justicia más eficaz, coordinada y sensible con las víctimas, sentando las bases de futuras ediciones que ya están previstas en otras ciudades.
Previamente a la clausura intervino Llop con una ponencia sobre la intersección entre violencia de género, violencia contra la infancia y discapacidad en la que destacó que se trata de una cuestión de derechos humanos que interpela directamente al sistema judicial y a todos sus operadores.
La magistrada fue presentada por el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Masseu, quien agradeció públicamente a Llop que, durante su etapa como ministra, aprobara que los días de Navidad fueran declarados inhábiles a efectos judiciales para que no corrieran los plazos y los profesionales de la abogacía y la procura pudieran descansar.
La medida se aprobó en diciembre de 2022 y fijó como inhábiles el periodo entre el 24 de diciembre y el 6 de enero.
La mención del decano provocó un aplauso espontáneo y cerrado por parte de las más de cien personas que asistieron a este evento ayer por la mañana.
VIOLACIONES MUY GRAVES DE DERECHOS HUMANOS
Durante su intervención, la magistrada expuso datos especialmente alarmantes sobre la violencia ejercida contra menores y, en particular, contra menores con discapacidad.
Citando estudios internacionales, advirtió que “uno de cada tres menores con discapacidad ha sufrido violencia” y que estas tasas son aún más elevadas en el caso de niños y niñas con trastornos de salud mental o discapacidades cognitivas.
“Estamos hablando de violaciones muy graves de derechos humanos, y más aún cuando afectan a niños y niñas con discapacidad”, recalcó.
Llop insistió en que la justicia debe estar preparada para dar una respuesta adecuada e inclusiva: “La justicia tiene que estar preparada para comprender y acoger a todas las personas, sin exclusión y sin excepciones”, y advirtió de que no se puede permitir que las personas con discapacidad vean vulnerados sus derechos “por falta de adaptación, por falta de sensibilización o por falta de formación dentro del sistema”.
Uno de los ejes centrales de su ponencia fue la necesidad de evitar la revictimización, especialmente en los procesos penales que afectan a menores con discapacidad.
“No podemos permitir de ninguna manera que la revictimización sea algo estructural en los procesos penales, y menos aún cuando hablamos de menores”, señaló, cuestionando cuántas veces debe declarar una víctima y alertando del impacto que estos procedimientos tienen en niños que necesitan rutinas estables para su desarrollo.
En este sentido, defendió un cambio de enfoque claro: “No podemos pretender que las personas con discapacidad se adapten a nuestro sistema; somos nosotros quienes tenemos que adaptar el sistema a las personas con discapacidad”.
Para ello, subrayó la importancia de los ajustes razonables, los facilitadores judiciales, los entornos accesibles y la formación especializada de todos los profesionales implicados.
Llop puso en valor el marco normativo existente, desde la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hasta el Estatuto de la Víctima y la Ley Orgánica 8/2021, recordando que todas ellas obligan a garantizar el acceso efectivo a la justicia.
“Las personas con discapacidad no solo tienen derecho a expresarse, tienen derecho a ser entendidas, y nosotros tenemos la obligación de entenderlas”, afirmó.
La magistrada, que también fue delegada del Gobierno contra la violencia de género, concluyó su intervención apelando a la responsabilidad compartida de instituciones, profesionales y sociedad civil, recordando que cada actor forma parte de una cadena de protección. “Todos los días tocamos derechos humanos en nuestro trabajo”, señaló, insistiendo en que «solo desde una acción conjunta y coordinada será posible avanzar en la erradicación de la violencia y en la protección real de las víctimas más vulnerables».
