El Congreso de Diputados ha registrado hoy una proposición del PSOE y Unidas Podemos para que el periodo entre el 24 de diciembre el y 6 de enero de cada año judicial. Su vigencia dependerá de la aprobación de la proyectada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), donde va contenida esta modificación. La aprobación se calcula que será antes de final de año, según ha podido saber Confilegal.
Esta iniciativa, impulsada por la ministra de Justicia, Pilar Llop, tiene el objetivo de «compatibilizar los principios de seguridad jurídica, el derecho de defensa y los derechos de los profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia«, velando por «la conciliación de la vida personal, familiar y profesional».
Fuentes del Ministerio de Justicia recuerdan que fue una promesa que habían asumido ante abogados, procuradores y graduados sociales.
La modificación va contenida en el artículo 183, cuya redacción ampliará la inhabilitación a «todos los días desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales», además de todos los días del mes de agosto.
También queda afectado primer apartado del artículo 182 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de manera quedan incluidas las fechas festivas igual que «los sábados y domingos, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva comunidad autónoma o localidad».
En ambos casos el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá «habilitar estos días a efectos de actuaciones judicailes en aquellos casos no previstos expresamente por las leyes» o por «otras actuaciones».
La propuesta «no supone la paralización de la actividad en los órganos y oficinas judiciales, que continuarán prestando el servicio público, afectando especialmente al cómputo procesal de los plazos, que se verá interrumpido y que se reanudará inmediatamente después del transcurso de este periodo», según los partidos que integran el Ejecutivo.
Se trata de una medida reclamada desde hace tiempo por la abogacía y la procura, cuyos miembros han tenido que trabajar durante la temporada navideña.
«La realidad marca que en esos días, la actividad procesal disminuye de forma sustancial, por lo que la inhabilidad no supondría una merma real en el devenir diario de la vida judicial y se conseguiría conciliar», afirma Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, que se mostró conforme con la proposición.
Otros, como la presidenta de la Confederación Española de Abogados del Turno de Oficio, Alicia Vega Amaya, prefieren esperar a ver los resultados. «Es algo que nos han prometido el año pasado y el anterior», reclama. «No nos lo vamos a creer hasta que lo veamos».
El Consejo General de la Abogacía había lamentado el pasado viernes el «retraso» de esta iniciativa incluso cuando había sido recogido «positivamente [por] todos los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre».
Igualmente, el Consejo General de Procuradores de España resaltaba el mismo día que la medida estaba «contemplada en los proyectos de ley de Eficiencia Organizativa y Procesal, que están ahora en plena tramitación parlamentaria».
Tanto el proyecto de ley de Eficiencia Organizativa y el de Eficiencia Procesal habían sido aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de abril.
