Manuel Morocho llevaba años sabiendo lo que pasó. Y ayer lo dijo en voz alta, ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la Operación Kitchen, con la precisión fría de quien ha tenido mucho tiempo para ordenar los hechos en su cabeza.
El inspector de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó la Gürtel afirmó que el grupo policial encargado de desentrañar los Papeles de Bárcenas fue deliberadamente desmantelado. Que no fue casualidad. Que fue una estrategia.
«Se desmanteló el grupo. Fue una estrategia buscada», declaró ante el tribunal presidido por Teresa Palacios. Sus palabras no admitían matices.
Ofertas mejores, agentes que se van, informes que no se hacen
El mecanismo, según el relato de Morocho, fue tan eficaz como discreto. A los agentes del grupo investigador les fueron llegando ofertas de puestos de trabajo mejores, mejor pagados, más «singularizados». Nadie los obligó a marcharse.
Simplemente les pusieron delante una salida atractiva. Y se fueron.
En 2013, el grupo contaba con once policías. Ese mismo año abandonaron tres, entre ellos —subrayó Morocho— «un inspector que tenía un peso importante en los informes».
En 2014 se fue un subinspector con un papel relevante en las pesquisas. En 2015, cinco personas más cruzaron la puerta. El grupo quedó en los huesos.
La consecuencia fue directa e irreversible: determinados informes de la pieza judicial de los Papeles de Bárcenas sencillamente no se elaboraron.
«No había capacidad investigativa para hacerlos», resumió el inspector con una concisión que lo decía todo.
Autocensura, alteraciones y una metodología que no era la real
Pero el vaciamiento de la unidad no fue el único problema. Morocho describió también el clima que se instaló dentro del grupo mientras todavía funcionaba: uno de autocensura sistemática.
Los investigadores «evitaban», «mitigaban», buscaban «elementos periféricos para explicar cuestiones» porque sabían que determinadas conclusiones iban a ser «un objeto de problemas».
Lo que acabó llegando al juez no era lo que el grupo había investigado. «Hubo que hacer cambios, modificaciones, alteraciones», dijo.
Elementos sustanciales fueron «desagregados del cuerpo del informe» y relegados a los anexos para que no figuraran en el texto principal. La metodología de trabajo que se expuso ante el juez «no correspondía a lo que desde el grupo se había realizado».
Morocho no eludió su propia responsabilidad en ese proceso, pero tampoco ocultó la presión que lo motivó. «Tuve que buscar una estrategia para que el juez tuviera conocimiento sin que figuraran expuestos con la metodología que veníamos utilizando», explicó.
Una frase que, leída con atención, describía a un investigador tratando de hacer llegar la verdad al juez por caminos laterales porque los directos estaban bloqueados.
Todo esto se enmarcó en el juicio por el presunto espionaje orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, en plena investigación judicial sobre la contabilidad opaca del partido.
El miércoles, en la primera jornada de su declaración, Morocho ya había relatado la existencia de «una operación policial sin autorización judicial» sobre Bárcenas y su entorno, y confirmó que sufrió presiones para no incluir el nombre del expresidente Rajoy en uno de los informes.
«A mí se me ha investigado»
Ayer añadió un dato que iba más allá del desmantelamiento del grupo. Morocho afirmó que había «indicios» de que su propio despacho y su vehículo fueron monitorizados.
«Yo tuve seguimientos y vigilancias. A mí se me ha investigado», declaró.
Y para reforzarlo hizo algo poco habitual en una sala de juicio: sacó y mostró al tribunal la matrícula de un vehículo policial que, según explicó, encontró en su espacio de trabajo.
El investigador que investigaba la corrupción del partido en el Gobierno acabó siendo, él mismo, investigado.
El abogado que negó haberlo sido
Tras Morocho subió al estrado Javier Iglesias, quien fuera abogado del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, fallecido.
Su declaración tuvo que producirse dos veces: el miércoles se negó a testificar alegando el secreto profesional, pero el tribunal decidió volver a citarle y esta vez no hubo escapatoria.
Sus negaciones fueron categóricas y abarcaron varios frentes. Nunca fue abogado del PP, dijo. Nunca le pagaron. Nunca recibió ningún mandato del partido.
«Yo no he sido nunca abogado del PP, nunca me ha pagado y nunca he recibido un mandato en ningún sentido del Partido Popular», declaró con rotundidad.
Sobre Bárcenas dijo que se reunió con él «no menos de 25 o 30 veces» y que el extesorero «tenía mucha psicosis de que le perseguían».
Negó haberle pedido que elaborara nuevos papeles escritos con la mano izquierda —uno de los episodios más llamativos de toda esta historia— y descartó haberle advertido de que se callara «porque si no caería su mujer».
Lo que sí contó fue el motivo real de sus visitas a Bárcenas en prisión: fue por encargo de Alfonso García Pozuelo y de Álvaro Lapuerta, sus clientes, que tenían «la sospecha» de que el extesorero «modificaría su trayectoria procesal».
Una visita de control, en definitiva, para tantear hasta dónde estaba dispuesto a llegar Bárcenas con sus revelaciones.
La declaración terminó con un momento de tensión abierta. La defensa de la familia Bárcenas acusó al testigo de llevar dos días anunciando en los pasillos que, si le interrogaban, «diría barbaridades» sobre su cliente.
Iglesias lo negó. El cruce fue breve pero revelador: incluso fuera de la sala, este juicio tenía vida propia.
