Mercedes Alaya, en el acto del Club Siglo XXI, en Madrid, donde hizo las declaraciones; de izquierda a derecha, Fernando González Urbaneja, la magistrada, Paloma Segrelles y Manuel Ruiz de Lara.
El promotor de la Acción Disciplinaria investiga las declaraciones de Alaya sobre fiscales y jueces
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20/6/2018 11:48
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Actualizado: 26/6/2018 12:04
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El promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto una investigación (diligencias informativas) a Mercedes Alaya, magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla, como consecuencia de las declaraciones que realizó el pasado 4 de junio en el Club Siglo XXI en las que afirmó que entregar la instrucción a la Fiscalía supondría «un hachazo a la independencia judicial».
Alaya también dijo que, en un procedimiento contra la corrupción, sería «como tener al lobo metido dentro de gallinero»; «la culpa no es de los fiscales” sino de “la obediencia debida” con la que funciona en el Ministerio Público.
Aquello provocó una respuesta contundente del Pleno del Consejo Fiscal, que, al día, siguiente, hizo público un comunicado en el que rechazaba de “forma unánime las manifestaciones efectuadas” por Alaya porque “suponen un absoluto desconocimiento de nuestra institución”.
“Ponen en entredicho, con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes”, añadían.
El Consejo Fiscal decidió, en esa reunión, enviar dichas declaraciones al promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), para que valore su naturaleza y su dimensión disciplinaria, si la tuviera.
Conde ha tomado la decisión de investigarlas.
La Ley Orgánica del Poder Judicial considera falta grave «Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición».
Alaya, en ese marco madrileño, también reveló que había recibido «presiones» cuando instruía los casos ERE, formación o Mercasevilla.
Presiones “absolutamente comprobables” en las hemerotecas. Presiones que venían desde el poder político, por vía de los medios de comunicación. Un sistema que, dijo,”utilizan los políticos desde hace décadas”.
“Las injerencias del poder político en el poder judicial, y que he sufrido, son comprobables tirando de hemerotecas, porque a diario en los periódicos andaluces se criticaban cada una de mis resoluciones judiciales”, dijo, al tiempo que insistió en que ella “no se inventa nada” porque “sólo hace falta tirar de titulares y no sólo de políticos sino también de las altas esferas judiciales”.
“Las presiones no se reciben levantando un teléfono”, afirmó con rotundidad.
Alaya aseguró que “no es meterse en política” hacer esta crítica y desmintió “absolutamente” que vaya a pasar a formar parte de algún partido político, contestando así a los rumores de que Ciudadanos podía haberla “tentado”.
Para la magistrada, la solución al actual estado de cosas pasaba por reforzar la independencia judicial mediante la participación de jueces en la designación de los vocales del CGPJ para acabar con “ese miniparlamento” de partidos políticos y sus cuotas, y con la elección del fiscal general del Estado por consenso de las cuatro principales formaciones políticas y no por el Ejecutivo.
Añadió que no se había sentido defendida ni arropada «por el actual Consejo General del Poder Judicial ni por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.
EL ENVÍO DEL TSJA «TODAVÍA NO HA LLEGADO»
Por otro lado, ayer la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó remitir al pAD las declaraciones que Alaya había realizado al diario ABC el 21 de mayo pasado, que, prácticamente coincidían con la que después realizó en el Club Siglo XXI.
Manifestaciones contra las que protestaron los jueces de instrucción de Sevilla en la Junta Sectorial celebrada tres días más tarde, el 24 de mayo. Estos remitieron una nota al TSJA en la que mostraron su “más absoluto rechazo” a los comentarios vertidos por la juez sobre sus compañeros que realizaron funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6, cuando ella era titular e investigaba la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, manifestaciones que, a su juicio, “ponen en entredicho, sin ningún motivo, la capacidad y profesionalidad” de estos compañeros.
El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, calificó, a su vez, las declaraciones de Alaya de “desafortunadas” porque “no benefician para nada” al sistema judicial.
Dichos documentos todavía no han llegado al CGPJ, según ha podido saber Confilegal.
Cuando estén en Madrid serán incorporados al expediente Alaya.
Una de las primeras medidas de Conde será la de comunicar a la magistrada la apertura de las diligencias informativas para que se explique.
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