La magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla, Mercedes Alaya, confesó ayer públicamente que durante el inició de la instrucción de los casos ERE, Mercasevilla o los cursos de formación, se sintió apoyada por el anterior Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato fue de 2008 a 2013, pero no por el actual -que arrancó en diciembre de 2013- ni por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que preside el magistrado Lorenzo del Río.
«Durante el inicio de la instrucción me sentí acompañada por el CGPJ de entonces, pero pasada aquella época, ni me he sentido defendida ni arropada por el actual Consejo General del Poder Judicial ni por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía», reveló ayer, durante su intervención en un almuerzo organizado por el Club Siglo XXI, en Madrid.
Alaya se refirió expresamente a las «presiones» que sufrió cuando estuvo al mando de los casos mencionados.
Presiones «absolutamente comprobables» en las hemerotecas. Presiones que venían desde el poder político, por vía de los medios de comunicación. Un sistema que , dice,»utilizan los políticos desde hace décadas».
«Las injerencias del poder político en el poder judicial, y que he sufrido, son comprobables tirando de hemerotecas, porque a diario en los periódicos andaluces se criticaban cada una de mis resoluciones judiciales», dijo, al tiempo que insistió en que ella «no se inventa nada» porque «sólo hace falta tirar de titulares y no sólo de políticos sino también de las altas esferas judiciales».
«Las presiones no se reciben levantando un teléfono», afirmó con rotundidad.
Alaya aseguró que «no es meterse en política» hacer esta crítica y desmintió «absolutamente» que vaya a pasar a formar parte de algún partido político, contestando así a los rumores de que Ciudadanos podía haberla «tentado».
Para la magistrada, la solución al actual estado de cosas para por reforzar la independencia judicial mediante la participación de jueces en la designación de los vocales del CGPJ para acabar con «ese miniparlamento» de partidos políticos y sus cuotas, y con la elección del fiscal general del Estado por consenso de las cuatro principales formaciones políticas y no por el Ejecutivo.
Por último, en referencia a la idea de entregar la instrucción a la Fiscalía, Alaya afirmó que hacerlo supondría «un hachazo a la independencia judicial» porque, por ejemplo, en un procedimiento contra la corrupción sería «como tener al lobo metido dentro del gallinero».
Aunque «la culpa no es de los fiscales» sino de «la obediencia debida» que funciona en el Ministerio Público.
