Lo dijo sin rodeos. Sin matices innecesarios. Con la contundencia de quien lleva años viendo cómo se mezcla lo que no debe mezclarse.
Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional, salió ayer a defender la independencia de su órgano judicial, de quienes trabajan en él. El escenario: el Foro la Región. El momento: el más delicado en mucho tiempo.
Sobre la Audiencia Nacional pesa ahora mismo el caso que más revuelo político ha generado en años: la investigación del magistrado José Luis Calama Teixeira sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del caso Plus Ultra.
El mensaje de Fernández fue nítido. «Ni en la Audiencia Nacional ni en ningún órgano de justicia de España se hace política.»
Una afirmación que no surge de la nada. Surge del ruido. Del ruido que rodea a los jueces cuando investigan a quienes mandan.
Fernández dedicó buena parte de su intervención a la corrupción, uno de los grandes frentes de la Audiencia Nacional. La definió sin eufemismos: algo que «carcome el sistema democrático».
Y de ahí extrajo una consecuencia lógica, casi inevitable. «No cabe minimizar su importancia o banalizar estas conductas. Y, por supuesto, no cabe hostigar a quienes las investigan o juzgan».
Hostigar. Eligió esa palabra.
Porque el problema no es solo que se critique una resolución judicial. El problema es cuando la crítica se convierte en presión.
Cuando el que critica no es un ciudadano cualquiera, sino alguien con poder institucional. Fernández fue directo: «No es lo mismo que un particular critique una decisión judicial a que lo haga el presidente del Gobierno, el presidente de la Xunta o el alcalde».
La diferencia no es de grado. Es de naturaleza. «La obligación que tienen los responsables políticos es de lealtad institucional.»
Una advertencia que, en el contexto de la investigación sobre Zapatero, adquiere una dimensión específica. Calama le señala como presunto cabecilla de una red de tráfico de influencias que habría operado para que la aerolínea Plus Ultra —de capital venezolano— recibiese en 2021 una inyección de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Aeronáuticas, el fondo creado durante la pandemia para rescatar compañías estratégicas del sector.
Lo que investiga el juez es si esa ayuda no respondió a criterios técnicos, sino a presiones ejercidas desde dentro del sistema.
Independencia no es impunidad
Fernández fue también preciso en algo que conviene no confundir. La independencia judicial no es un cheque en blanco. «No es un privilegio corporativo o profesional, no es una medalla que te ponen cuando apruebas la oposición y que te autoriza a hacer lo que te dé la gana.» Es, dijo, «la divisa esencial del juez»: la condición que permite decidir sin atender a «ningún tipo de interés, opresión política, económica o social».
¿Y la crítica? Bienvenida. «Vivimos en un país regido por la libertad, faltaría más que no se pudieran criticar las sentencias.» Incluso el auto del juez Calama. Cualquier resolución. Lo que no cabe, subrayó, es la difamación. «Injuriar o calumniar no es libertad de expresión, es un delito. Una cosa es criticar una decisión judicial y otra cosa es atacar a quien la dicta.»
Sobre Calama no dejó lugar a dudas: «Un magnífico juez». Y sobre Zapatero, cuyas cuentas bancarias han sido bloqueadas por orden del magistrado en una medida sin precedentes en la historia judicial reciente de España, Fernández subrayó lo que corresponde subrayar: gozará «de todas las garantías constitucionales y procesales» y tendrá «garantizado su derecho constitucional a la presunción de inocencia».
El narcotráfico entra a raudales
El presidente de la Audiencia Nacional abordó también el narcotráfico, otro de los grandes bloques de trabajo del tribunal. Apostó por la coordinación internacional, por interceptar los alijos en origen —o al menos antes de que toquen suelo europeo— y por la especialización de quienes combaten este tráfico.
Reconoció, sin embargo, la magnitud del problema: un negocio que mueve más dinero que el PIB de muchos países.
Quien añadió los datos más crudos fue Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción 6. «En rara es la semana que no interceptamos uno o dos barcos en alta mar», dijo.
Lanchas que salen de Huelva y son capaces de navegar hasta después de las Azores para recoger la mercancía. Un mes en el mar, si hace falta. «Se está haciendo mucho, pero entra mucho más.»
Una frase que lo resume todo.
