En todo procedimiento penal hay una pelea visible —la que se libra sobre los hechos— y otra que se juega antes, casi en la trastienda: la de decidir quién manda. Qué juez instruye. Ante qué tribunal se litiga. Y esa segunda batalla, la de la competencia, rara vez es neutra. Quien la plantea suele saber muy bien qué le conviene.
Leire Díez lo sabe. Y ha movido ficha.
La exmilitante socialista, investigada por sus presuntas maniobras para recabar información comprometedora de mandos de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, ha pedido formalmente que su caso no acabe en la Audiencia Nacional. Concretamente, que no caiga en manos del juez Santiago Pedraz. Su defensa quiere que la causa se quede donde está: en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, con el juez Arturo Zamarriego al frente.
El tira y afloja entre dos juzgados
Para entender la jugada hay que situar el tablero. Pedraz, desde la Audiencia Nacional, investiga una presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la propia Díez para tratar de obstaculizar procesos judiciales que afectarían al PSOE y al Gobierno.
Y, hace poco, pidió a Zamarriego que le remitiera su causa para unificar ambas bajo un mismo techo: el suyo.
Esa petición —que en lenguaje forense se llama inhibición— es la chispa de todo. Porque la defensa de Díez no quiere que Zamarriego se inhiba. Al contrario: le reclama que se oponga «formalmente» y que declare que es el Juzgado de Instrucción Número 9 el competente para seguir instruyendo.
El escrito de la abogada Eva Bejarano va al detalle. Pide a Zamarriego que solicite a Pedraz que deje de conocer «todos los hechos relativos a la segunda trama delictiva» entre abril de 2024 y el 26 de mayo de 2025, y que se limite a lo que figura en los atestados y en la denuncia previa que dieron origen a la causa de Plaza de Castilla.
En otras palabras: que la Audiencia Nacional suelte lo que, según la defensa, nunca debió absorber.
El argumento jurídico: quien llega primero, manda
Aquí está lo interesante. Porque la defensa no niega lo evidente. Reconoce, con una franqueza poco habitual, que los hechos que investigan Zamarriego y Pedraz son los mismos. Y lo subraya: «No se trata de hechos que tengan relación entre sí, sino que son los mismos hechos».
¿Para qué admitir algo así? Porque sobre esa admisión se construye toda la estrategia. Si son los mismos hechos, no hay conexidad que justifique que la Audiencia Nacional ensanche su investigación para tragarse la trama dedicada —siempre según la acusación— a desmontar pesquisas incómodas para el PSOE. Y si no hay conexidad, lo que decide es otra cosa: la prioridad temporal.
La regla que invoca la defensa es clásica. Cuando varios juzgados investigan delitos de igual gravedad y se da una pluralidad de procedimientos, la preferencia corresponde al órgano que abrió la causa primero.
Y el de Zamarriego, sostienen, fue el primero en incoar por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias que ahora se pretende absorber.
La letrada lo respalda con jurisprudencia del Tribunal Supremo: en cuestiones de competencia negativa, ante delitos de igual gravedad y varios procedimientos abiertos, la preferencia es del que empezó antes. ¿La finalidad? Evitar el trasiego de causas y la inseguridad jurídica. Que un asunto no ande rebotando de juzgado en juzgado.
Por eso la defensa pide algo más: que Zamarriego eleve la cuestión de competencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y que, mientras tanto, defienda quedarse con la causa por preferencia temporal y para no duplicar instrucciones.
Por qué importa adónde va el caso
La pregunta que nadie formula en voz alta, pero que late bajo cada escrito, es la de siempre: ¿da igual quién instruya? Jurídicamente, no debería.
En la práctica, todos los actores saben que el fuero, el ritmo y el enfoque de un instructor pueden marcar el destino de una causa. Resistirse a un traslado no es un capricho procesal. Es estrategia pura.
Y conviene recordar de dónde viene todo esto. La causa de Zamarriego arranca de una denuncia de Hazte Oír por una reunión en la que Díez habría ofrecido favores al empresario Alejandro Hamlyn —investigado por fraude de hidrocarburos— a cambio de información comprometedora sobre mandos de la UCO de la Guardia Civil.
El juez aprecia indicios de que Díez, junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, buscaba «anular o malbaratar» investigaciones judiciales en casos sensibles que podrían salpicar a políticos y empresarios.
Todo ello tras las denuncias de los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, con quienes Díez se habría reunido para pedir información a cambio de una contraprestación económica.
Mientras se decide el pulso competencial
La maquinaria, entretanto, no se detiene. La Fiscalía ha pedido a Zamarriego prorrogar seis meses más la instrucción: quedan, dice, «diligencias esenciales» por practicar, como la audición y transcripción de ciertas grabaciones aportadas por el fiscal Stampa —quien denunció a Díez por un presunto intento de soborno— y la revisión de determinada prueba documental. El juez ya ha dado por recibida esa petición.
Y hay más frentes abiertos. Zamarriego ha pedido parecer a la Fiscalía sobre si conviene citar como testigo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tal y como reclama Vox, que ejerce la acusación popular.
Sigue pendiente de resolución una solicitud de Hazte Oír para ampliar una querella contra el PSOE. Y, en el otro platillo de la balanza, la defensa del periodista Pere Rusiñol ha pedido el sobreseimiento y archivo de la causa.
Así que la foto, hoy, es la de un cruce de caminos. Dos juzgados reclamando los mismos hechos. Una defensa que prefiere a Zamarriego y rechaza a Pedraz. Y, en el horizonte, una posible decisión de la Sala Segunda del Supremo que tendría la última palabra sobre quién instruye a Leire Díez.
Porque, a veces, antes de saber qué se juzga, hay que decidir quién lo juzga. Y esa pelea, esta vez, acaba de empezar.
