«No es suficiente». Tres palabras. En mayúsculas, encabezando el comunicado. La Asociación de Fiscales (AF) no ha querido envolver su indignación en algodones.
La asociación mayoritaria en la carrera fiscal ha difundido este 10 de junio un escrito que es, a partes iguales, denuncia y ultimátum.
El blanco: la respuesta de la Fiscalía General del Estado a la presencia, en sus propias dependencias, de una persona que la asociación vincula sin rodeos a «un grupo criminal que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes de nuestra carrera».
Esa persona es Leire Díez. Quien la recibió, Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, y mano derecha del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Y la palabra que lo resume todo, repetida como un martillo: insuficiente.
La Fiscalía General del Estado informó hoy al magistrado instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que Villafañe se reunió en dos ocasiones distintas con Leire Díez y con Jacobo Teijelo, el abogado del exdirigente socialista Santos Cerdán.
Las reuniones tuvieron lugar en la propia sede del organismo, en la madrileña calle Fortuny. El 6 de marzo de 2025 y en el mes siguiente, abril de ese mismo año.
Primero la discreción. Ahora, no
La AF se cuida de dejar claro que no ha llegado aquí de un salto. Hasta ahora —explica— había optado por el camino silencioso: pedir a la Inspección Fiscal que indagara y, llegado el caso, depurara responsabilidades. Lo hizo, dice, «por respeto a la institución».
Pero ese respeto tenía un límite. Y lo han alcanzado. «Precisamente porque somos fiscales, y porque nos debemos a la legalidad y a la sociedad», la asociación concluye que lo ofrecido por la Fiscalía General se queda corto. Demasiado corto. Deja «sin respuesta cuestiones esenciales».
El cambio de tono no es un matiz.
Es un portazo a la espera paciente.
No era una fiscalía cualquiera
Aquí la AF afina el dedo. No hablamos —insiste— de una comparecencia rutinaria en cualquier fiscalía. Hablamos de la sede de la Fiscalía General del Estado. Fuera del horario de atención al público. Con la intervención directa de responsables de primer nivel.
El propio comunicado de la Fiscalía —que la asociación califica, sin piedad, de «vago»— admite que en aquellos encuentros un letrado «informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal».
Palabras de la institución, no de la AF.
Y entonces aparece el agujero negro del relato: ¿qué pasó después? Nada que conste. Ni diligencias para verificar aquello. Ni el menor movimiento por los cauces ordinarios.
La Circular que el propio Villafañe ayudó a parir
Hay un detalle que la asociación reserva como quien guarda la mejor carta. La norma que debía haberse activado es la Circular 2/2022 sobre actividad extraprocesal en la investigación penal.
El instrumento pensado, precisamente, para encauzar comunicaciones de esta naturaleza.
¿Y quién desempeñaba responsabilidades vinculadas a la elaboración de los documentos internos de la Fiscalía cuando esa Circular se redactó? Diego Villafañe. El mismo que después se sentó a recibir a Leire Díez.
La AF lo subraya como «especialmente llamativo». El traductor: quien conocía la norma al dedillo es, justo, quien no la aplicó.
La encrucijada que no tiene escapatoria cómoda
Y llega el dilema, planteado con la frialdad de un silogismo. Dos puertas. Ninguna agradable.
Si los hechos comunicados carecían de la mínima relevancia penal, ¿por qué reuniones sucesivas, por qué los más altos responsables, por qué dar cuenta al fiscal general de algo «inocuo»?
Si, al contrario, merecían atención, ¿por qué no se siguió ni uno solo de los procedimientos previstos?
«Si aquello carecía de relevancia, ¿por qué se informó al fiscal general? Si no justificaba actuación alguna, ¿por qué se concertó una reunión de estas características? ¿Quién facilitó el acceso y autorizó una recepción tan excepcional?«, se interroga el escrito.
La asociación va más lejos aún y desliza una sospecha incómoda: «¿se concertó una cita con él y por eso hubo que dar cuenta?».
La respuesta conocida hasta ahora, zanja, «no despeja estas y otras dudas».
La credibilidad de la Fiscalía General del Estado, en juego
La AF eleva la apuesta hasta el terreno de la confianza pública. Lo ocurrido afecta a instituciones esenciales del Estado, empieza por la propia Fiscalía General, y eso obliga a una transparencia «máxima». Sin atajos.
Y un aviso que apunta directamente arriba: el silencio no protege a la casa. «La falta de aclaraciones no protege a la institución; por el contrario, compromete la credibilidad de la propia Fiscal General».
El que calla no se blinda. Se desgasta.
Defender a los señalados era hoy
Hay reproche, además, por una oportunidad perdida. Este era el momento —insiste la AF— de reivindicar los valores constitucionales del Ministerio Fiscal y de plantar cara, sin ambigüedades, a cualquier intento de intimidar a quienes ejercen con independencia.
El momento de defender la honorabilidad de los fiscales señalados.
«Nosotros sí lo hacemos», proclama la asociación. La frase, leída en su contexto, es casi un reproche en negativo: lo hacemos nosotros porque otro no lo hizo.
Responsabilidad. Y responsabilidades
El cierre carga contra algo más que los hechos. Carga contra el después. «La evolución profesional de los responsables en este marco es aún más denunciable», advierte el escrito, en una alusión que cualquier lector de la carrera sabrá descifrar.
La Fiscalía General, exige la AF, debe explicarlo todo: cómo se produjo aquello, quién lo autorizó, qué se decidió y por qué se abandonaron los cauces ordinarios.
Y la última línea, la que da título a la indignación entera: «La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades».
Responsabilidad, en singular. Y responsabilidades, en plural.
El plural, una vez más, no es un descuido.
