El PP hizo ayer valer su mayoría absoluta en el Senado para que se tome en consideración iniciar la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cambio del modelo de elección de los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En concreto, para que esos 12 vocales sean elegidos directamente los 5.500 miembros de la carrera judicial.
Sin intermediarios y sin Parlamento de por medio.
La votación dejó el mapa de alianzas habitual. Vox y UPN arrimaron el hombro. Entre los tres grupos políticos obtuvieron 150 síes. El PNV y la Agrupación Socialista Gomera prefirieron mirar hacia otro lado y se abstuvieron; 6 votos. Enfrente, votaron en contra PSOE, Junts y EH Bildu, con 104 votos.
¿Qué cambia exactamente? Menos de lo que el titular podría sugerir, y a la vez algo nada menor. El Consejo conservaría su arquitectura: 20 vocales más la Presidencia del Tribunal Supremo.
Lo que se mueve es el mecanismo de designación de esos 12 del turno judicial, que pasarían a salir de las urnas de la propia carrera, mediante sufragio secreto y directo.
Los 8 restantes —4 por cada Cámara, todos con más de quince años de ejercicio— seguirían dependiendo del Congreso y del Senado, y de esa mayoría reforzada de tres quintos que tantas veces se ha atascado.
La proposición añade, además, cláusulas para que ninguna categoría de la carrera quede fuera del reparto, para asegurar una presencia equilibrada de hombres y mujeres, y —aquí está el guiño a la herida abierta— mecanismos pensados para que el Consejo no vuelva a quedar congelado a la espera de una renovación que no llega.
«Queremos que los jueces elijan a los jueces»
El argumentario popular se apoyó en Europa. La reforma, defendieron desde su bancada, acerca el modelo español a lo que vienen reclamando distintas instituciones europeas en materia de independencia judicial.
De ahí la frase que repitieron como un mantra: que sean los jueces quienes elijan a los jueces, y que los partidos se aparten de esa elección.
Separación de poderes, confianza ciudadana, fin de la injerencia.
Y un recado: que la iniciativa no acabe «bloqueada» en el Congreso, como —denunciaron— ha ocurrido antes con otros textos salidos del Senado.
Vox afinó la crítica en la misma dirección. Para los de Santiago Abascal, el sistema vigente ha alimentado durante años el «reparto de cuotas» entre los grandes partidos y ha politizado el órgano de gobierno de los jueces.
Su receta: elección entre pares y, de paso, más reformas para que los partidos pierdan toda capacidad de influir en el Consejo.
Las dudas: cuando elegir entre pares no basta
Y aquí la cosa se complica, porque ni siquiera quienes se abstuvieron compraron el relato sin reservas.
El PNV reconoció que la propuesta se aproxima a los estándares europeos al devolver a jueces y magistrados la elección de sus vocales.
Pero puso el dedo en la llaga: eso no elimina del todo el riesgo de politización.
Los nacionalistas vascos recordaron que la propia Comisión de Venecia ha advertido del peso que pueden ejercer las asociaciones judiciales.
Traducido: se saca a los partidos por la puerta y se corre el riesgo de que la influencia entre por la ventana corporativa.
El rechazo: la soberanía popular como línea roja
El PSOE plantó su negativa sobre un principio. El sistema actual de elección parlamentaria es «plenamente constitucional» y garantiza que la soberanía popular tenga algo que decir en la configuración de uno de los órganos clave del Estado.
Y devolvió la pelota: la «responsabilidad del bloqueo» que durante años impidió renovar el CGPJ es del PP. El problema, vinieron a decir, nunca fue el modelo, sino el uso partidista que se hace de él.
Su síntesis fue casi un eslogan: el problema no es el modelo, es su aplicación práctica.
EH Bildu se sumó al rechazo con un matiz propio: la reforma recorta la intervención parlamentaria sin democratizar nada a cambio, y amenaza con trasladar la influencia política desde las Cortes hasta el terreno corporativo de la judicatura.
Más de lo mismo, con otro disfraz.
Junts, por su parte, jugó su carta de siempre. Votó en contra porque la propuesta, a su juicio, no asegura la representación territorial ni plurinacional dentro del Consejo.
El reparo concreto: una circunscripción única estatal diluye el peso de los jueces destinados en Cataluña y consolida un Poder Judicial «unitario y centralista».
Con el visto bueno del Senado, el texto echa a andar. Por delante queda el Congreso, donde la aritmética es otra y donde el PP tiene claro que tendrá muy difícil que prospere.
La pregunta de fondo sigue ahí, sin respuesta cómoda: ¿quién debe tener la última palabra sobre quién gobierna a los jueces?
Un camino ya recorrido en el Congreso
El PSOE y el PP alcanzaron un acuerdo en junio de 2024 para renovar el CGPJ. Incluía el compromiso de que el nuevo órgano elaborara, en el plazo de seis meses, una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 vocales de procedencia judicial, tomando como referencia los modelos existentes en otros países europeos.
El CGPJ no logró alcanzar un consenso. Los vocales conservadores defendieron que los jueces eligieran directamente a los 12 vocales judiciales, mientras que los progresistas apostaron por mantener la intervención de las Cortes Generales.
Ante la falta de acuerdo, el Pleno optó por remitir al Gobierno y al Parlamento dos propuestas distintas, una por cada bloque, cumpliendo formalmente el mandato recibido pero dejando sin resolver el debate sobre el modelo de elección. Y ahí quedó la cosa entonces.
