Las ayudas a las personas afectadas por talidomida en nuestro país se verán incrementadas de forma notable. Serán 12.000 euros por cada uno de los puntos de discapacidad que tengan cada afectado, tras la aprobación, el pasado jueves, en el Congreso por mayoría de la enmienda introducida en el Senado por el PP.
Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez se dirigirá a Grünenthal Pharma, S.A., filial española de la empresa multinacional alemana Grünenthal GmbH y número uno en el tratamiento del dolor en España, para que asuman una parte de este coste y para que reconozcan el daño causado.
“Creemos que el Gobierno debe recabar a Grünenthal el pago de una parte importante de esta indemnización. En España es una empresa pequeña que factura sobre los 200 millones de euros. La reclamación debería plantearse a la sede central en Alemania. La compañía factura 5.000 millones de euros a nivel mundial”, explica Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida (AVITE).
Para reforzar estos argumentos señala que en España no hay más patente de la talidomida en estos últimos sesenta años que la de Grünenthal “lo que avala aún más la necesidad de que se hagan cargo, como han hecho en otros países, de parte de las compensaciones que vamos a recibir”.
Basterrechea explica que, desde AVITE, han intentando en muchas ocasiones establecer una negociación con la citada farmacéutica pero que nunca han estado por la labor en los años que llevan de lucha “siempre negaron, pese a las pruebas evidentes, que no tenían nada que ver con la comercialización de la talidomida”.
En este escenario una reclamación directa al Gobierno alemán se abre como una posibilidad ante la negativa de la multinacional a pagar.
El vicepresidente de AVITE revela que “nos están haciendo el mejor reconocimiento médico que se ha hecho en el mundo por la talidomida. Está incluso asesorado por la Organización Mundial de la Salud. Eso va a dejar claro que los afectados por talidomida en España lo van a ser con una seguridad del 90%, lo que no ha pasado en otro país del mundo. Desde este escenario está claro que Grunental o el Gobierno alemán deben asumir sus responsabilidades”.
En este sentido, se ha fijado una reunión, para el próximo 10 de junio, entre Ricardo Campos, nuevo secretario general de Sanidad, y los representantes de AVITE para negociar el pago de dichas cantidades.
EL PSOE VOTÓ EN CONTRA EN EL CONGRESO
Curiosamente el PSOE, partido en el gobierno, votó en contra de esta enmienda en el Congreso.
Basterrechea, junto con otros 39 afectados, contemplaron desde la tribuna de invitados del Congreso la votación de dicha enmienda.
Una sorprendente votación muy alejada de la unanimidad que se presumía que iba a existir.
La modificación contó el apoyo de todos los grupos de la sala a excepción del PSOE y Foro Asturias que votaron en contra y el PNV que se abstuvo.
Se ratificó con 255 votos a favor, 82 en contra y cinco abstenciones.
“La nueva propuesta no alcanza lo que la asociación había pedido y creemos que el resto que falta debería ponerlo Grunenthal la farmacéutica”, indica Basterrechea.
Al terminar la votación, y aprobada la enmienda, muchos de los parlamentarios saludaron a los miembros de AVITE bajaron a la Cámara Baja para recibir las felicitaciones por este hito logrado.
Al parecer, el diputado socialista Odon Elorza se ausentó de la votación para no votar en contra de la enmienda según pudo saber CONFILEGAL.
“Todos nos han aplaudido menos los diputados socialistas”, apunta el vicepresidente de AVITE, molesto con esta actitud.
Curiosamente esta enmienda no tiene una partida en los Presupuestos Generales del Estado aprobados.
«Eso es así, pero todos hemos visto como cualquier presupuesto se altera con facilidad y han sido miles de millones de euros. Esperemos que este acuerdo, al que han llegado hoy la mayor parte de las fuerzas políticas, se cumpla en las próximas semanas”, apunta Basterrechea
Con la nueva propuesta la indemnización mínima se sitúa en 600.000 euros alejados del 1.600.000 euros de Suecia o Alemania con 6 millones o Inglaterra casi cuatro. “En estos casos hay una parte del dinero que ha puesto Grunenthal”, aclara el presidente de AVITE.
Queda ahora la reunión del próximo dia 10 de julio con Campos, en Sanidad, para negociar el pago de dichas cantidades.
“Esperamos ya una propuesta concreta de cómo se va a articular la concesión de esta partida presupuestaria. En nuestro caso de los 12.000 euros por discapacidad no vamos a bajar”.
A nivel práctico, esto supone que una persona con un 50% de discapacidad cobraría unos 600.000 euros y otra con un 96% de discapacidad superaría el millón cien mil euros aproximadamente.
A esa persona con ese 50% de discapacidad se le puede quedar una pensión de 1600 euros al mes si lo dividimos entre treinta años de esperanza de vida y doce meses, según los primeros cálculos.
COBRAR EN ESTE AÑO SERÁ COMPLICADO
“Ahora se trata de ver como se repartirá esta cantidad y en cuantos plazos. Veremos si podemos cobrar este año, pero aún los reconocimientos médicos no se han completado ninguno”, indica Basterrechea.
Con esta enmienda se intenta incrementar la partida de 20 millones que el PP incluyó en los actuales PGE, una cifra que no convencía en nada a los afectados por la talidomida y que ahora al parecer se ha elevado de forma notable su cuantía.
En ese texto ahora aprobado se indica que las personas afectados por talidomida en España tienen derecho a las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas que sean precisas para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria.
En la última reunión entre Avite y Sanidad, el secretario general de Sanidad del PP informó de que el Ministerio de Sanidad había propuesto el desarrollo de un proyecto de ley de tramitación urgente para dar una solución efectiva a las demandas de las víctimas de la talidomida.
Desde Sanidad se indica que al no tener partida presupuestaria la enmienda aprobada técnicamente es inviable, de ahí que se hayan decidido por el citado proyecto de ley.
