La Fiscalía pide para Francisco Javier León De la Riva nueve años de prisión y 27 de inhabilitación, mientras que el Consistorio solicita tres años de cárcel. EP.
Arranca el juicio de la ‘Comfort letter’ contra el exalcalde de Valladolid León de la Riva
Por supuestamente firmar avales sin seguir el procedimiento municipal fijado
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03/7/2018 10:15
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Actualizado: 27/11/2018 12:18
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La Audiencia de Valladolid celebra desde este martes el juicio contra el anterior alcalde de Valladolid Francisco Javier León de la Riva (PP), ya retirado.
La Fiscalía lo acusa de tres delitos de prevaricación y otro de falsedad documental, supuestamente cometidos al firmar tres avales para un crédito relacionado con el soterramiento del ferrocarril sin seguir el método establecido.
Además de De la Riva, se enjuicia a dos de sus ediles entonces, el exconcejal de Hacienda, Alfredo Blanco, y al exedil de Movilidad, Manuel Sánchez, por suscribirlas.
El juicio de este caso, denominado ‘Comfort letter’, se celebrará entre hoy y el jueves en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, presidida por el magistrado Feliciano Trebolle, presidente, a su vez de la mencionada Audiencia.
La investigación se inició a raíz de una denuncia en 2015 del actual equipo de Gobierno, dirigido por Óscar Puente (PSOE), que mañana está citado a declarar como testigo.
El exalcalde ha declarado ante el tribunal que no consultó a nadie al respecto de su actuación porque desconocía su «transcendencia» económica y creía que eran «una recomendación de cortesía» de carácter «no oficial».
Ha manifestado que ahora es consciente de que las firmas se llevaron a cabo «mal» y que «no había dificultad» para haber procedido bien, pues en 2008 y 2010 el PP tenía mayoría absoluta en el Pleno y contaba con capacidad económica pues la cantidad correspondiente de los 200 y 70 millones de los créditos no elevaban la deuda pública por el encima del límite marcado por el ‘techo de gasto’.
Ha reconocido que en 2011 sí que se habría superado ya ese límite, pero ha considerado que se habría solucionado con una «autorización de la Consejería de Hacienda» que entiende que no habría habido «ningún problema» pues la Junta también es accionista de la SVAV.
«TRÁMITES OBVIADOS DE FORMA DELIBERADA»
Las tres cartas de conformidad fueron suscritas en 2008, 2010 y 2011, todas con naturaleza de aval.
La última de ellas comprometía al Ayuntamiento a aportar 100 millones, el 25% del crédito de 400 millones de euros, que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cerró con un grupo de bancos para financiar la operación del soterramiento.
En sus respectivos escritos, las acusaciones pública y particular coinciden en que tanto el exalcalde como los dos concejales delegados obviaron, de forma deliberada todo trámite y no efectuaron comunicación alguna acerca de las garantías que, no previstas en el presupuesto municipal, vinculaban al Ayuntamiento.
DE LA RIVA SE ENFRENTA A 9 AÑOS DE CÁRCEL
El exalcalde se enfrenta a 9 años de prisión y 33 de inhabilitación.
Además, el Ministerio Público solicita una multa de 7.200 euros y la responsabilidad personal subsidiaria.
Para Alfredo Blanco y Manuel Sánchez, la Fiscalía pide 24 años de inhabilitación, en su condición de entonces integrantes del Consejo de Administración de la SVAV, como autores de tres delitos de prevaricación pasiva o por omisión.
Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid, personado como acusación particular, solicita tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para León de la Riva, y siete años de inhabilitación para los ediles.
MAÑANA DECLARAN LOS TESTIGOS
Mañana están citados a declarar como testigos el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el interventor general del Ayuntamiento hasta julio de 2012, Jesús Velázquez Rodríguez, y el sucesor de éste último en el cargo, Rafael Salgado.
Según manifestó ayer el regidor, se trata de un asunto que se vieron «forzados» a iniciar desde el Consistorio, al encontrarse al llegar a la alcaldía con unos avales a un crédito que «no estaban ni siquiera físicamente» en el Ayuntamiento.
Puente ha dicho que desea a su antecesor «lo mejor» en el proceso, a lo que José Antonio Martínez Bermejo, portavoz del PP en el Ayuntamiento, le ha replicado que lo que ha demostrado hacia León de la Riva, el anterior alcalde, es una «total animadversión», ya que podría haberse retirado como testigo del juicio y no lo ha hecho.
Es evidente que Martínez Bermejo ha obviado que ser testigo en un juicio no es una opción, si quien le convoca es el tribunal. Tiene que acudir obligatoriamente.
El juicio ha comenzado con una alegación, por parte del abogado del exconcejal de Hacienda, Alfredo Blanco, para retirar la acusación particular del Ayuntamiento.
El presidente de la Audiencia ha denegado la solicitud ya que estas cuestiones no se plantearon en noviembre de 2016, cuando se pudieron presentar alegaciones a los escritos provisionales de calificación, y al considerar que el documento de pago de Adif «no tiene entidad bastante» para eliminar la responsabilidad criminal.
Por otra parte, cabe recordar que el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid presentó el pasado 21 de junio una denuncia contra el actual alcalde, por un supuesto delito de prevaricación por omisión.
Por no haber abierto un expediente sancionador al concejal de Hacienda, Antonio Gato, después de que firmase el contrato de su cuñada, que fue empleada por el área de Medio Ambiente.
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