El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid presentó ayer una denuncia contra el alcalde, Óscar Puente, por un supuesto delito de prevaricación por omisión.
Por no haber abierto un expediente sancionador al concejal de Hacienda, Antonio Gato, después de que firmase el contrato de su cuñada, que fue empleada por el área de Medio Ambiente.
Los hechos se remontan a noviembre de 2015, cuando el departamento de Personal que depende de la Concejalía dirigida por Gato solicitó al Ecyl la contratación de tres profesionales, concretamente un ingeniero de caminos, un ingeniero industrial y un economista, para un contrato previsto hasta junio de 2017.
Una vez que se recibieron los candidatos remitidos por el Ecyl, se realizaron las pruebas selectivas el 2 de diciembre y dos días después se publicó el resultado de las puntuaciones obtenidas y el nombre de los seleccionados en cada una de las plazas.
En la de economista salió elegida P.M.G, cuñada de Antonio Gato.
El 7 de julio de 2016, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Antonio Bermejo, remitió una carta al alcalde pidiendo explicaciones sobre estos hechos.
Le solicitó que actuase en consecuencia al considerar que este edil podría haber «vulnerado gravemente la Ley de Bases de Régimen Local y La ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno».
Ante la falta de respuesta, Bermejo volvió a enviar un nuevo escrito al que Puente sí respondió.
El regidor explicó que el proceso de selección se realizó de forma «impecable» y que Antonio Gato no intervino «para nada» y «no tuvo conocimiento del mismo».
También alegó que la intervención del concejal de Hacienda «no sólo no fue determinante, sino que fue meramente formal y sin trascendencia alguna».
Antonio Bermejo y Óscar Puente se cruzaron varios escritos más sobre esta cuestión hasta que en junio de 2017 el alcalde firmó y llevó a la Junta de Gobierno el acuerdo por el que aceptaba la abstención de Antonio Gato en la firma de la prórroga de los tres contratos, entre ellos el de su cuñada.
DENUNCIAS Y QUEJAS
Así las cosas, en agosto de 2017, el PP presentó una denuncia ante el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno que, al no tener competencia en el ámbito territorial de Castilla y León, remitió dicha denuncia al Comisionado de Transparencia.
Este último organismo se inhibió al no tener tampoco competencia en la materia, aunque recomendó presentar la queja al Procurador del Común.
El PP la presentó en octubre de 2017, por la «presunta infracción de Gato al no abstenerse en la firma del contrato de su cuñada, así como por la falta de actuaciones del alcalde de Valladolid».
En abril de 2018, el Procurador del Común dictó resolución. Instó a la Alcaldía de Valladolid «a dictar resolución motivada sobre la solicitud de incoación de procedimiento sancionador contra un concejal por infracción del deber de abstención».
En los fundamentos de derecho de la denuncia se recuerda que la abstención de un cargo o empleado público de participar o resolver los asuntos que tengan relación con un familiar es una obligación contemplada en múltiples normas.
De hecho, la Ley de Transparencia establece que la comisión de infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor.
Además, recoge que este título será de aplicación a altos cargos o asimilados (…) que «no se implicarán en situaciones o intereses compatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad».
Por ello, los denunciantes consideran que «difícilmente el señor Puente Santiago podría encontrar razones para no sancionar al señor Gato».
