«El respeto a la reputación tiene una influencia menos activa cuando la infamia de una mala acción se reparte entre muchos que cuando recae sobre uno solo» – Alexander Hamilton, El Federalista nº 15 (1787).
El 30 de junio de 2025 se cerró tras Santos Cerdán, hasta poco antes secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno, la puerta de la prisión de Soto del Real.
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretó prisión provisional comunicada y sin fianza por integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
La medida fue prorrogada y ratificada en sucesivos autos por riesgo de destrucción de pruebas. Cerdán estuvo cinco meses en prisión, entre junio y noviembre pasados. Ahora en libertad provisional.
En paralelo, otra puerta —la del palacio de la Moncloa— permanece abierta y, en lo esencial, no ha cambiado de inquilino. Dos puertas. Dos estándares. Un mismo país.
Lo que separa una puerta de otra es el viejo debate, mal planteado en España desde hace años, sobre dónde termina la presunción de inocencia y dónde empieza la responsabilidad política.
Conviene asentar el plano: nadie escribe estas líneas para juzgar a un imputado. La presunción de inocencia es una garantía constitucional reforzada, un pilar civilizatorio frente al cual cualquier columnista debe inclinarse sin reservas.
Pero la presunción de inocencia es una regla de derecho penal. Y la responsabilidad política no es una versión rebajada de la responsabilidad penal: es otra cosa.
Es un estándar autónomo, anterior, más exigente, y previsto precisamente para los supuestos en los que el reproche jurídico todavía no ha llegado —o nunca llegará— pero el daño a la confianza institucional ya se ha producido.
Confundir uno con otro no es un descuido conceptual: es una operación política. Y conviene desmontarla.
El estándar civilizado: lo que pide una democracia consolidada
La tradición anglosajona, que es la matriz doctrinal de la responsabilidad ministerial moderna, distingue con limpieza dos planos.
El primero es el de la liability: la responsabilidad jurídica, que exige prueba, contradicción, sentencia y firmeza.
El segundo es el de la responsibility: la responsabilidad como función, como atributo del cargo, que se activa por el mero hecho de que la permanencia del ministro daña la confianza pública en la institución. La primera mira al individuo y le protege del Estado.
La segunda mira al cargo y le protege del individuo.
El Ministerial Code británico —vigente con sucesivas reformulaciones desde el gobierno de John Major en 1992 y consolidado bajo Tony Blair en 1997— lo recoge sin ambages: «Los ministros que conscientemente engañen al Parlamento se espera que ofrezcan su dimisión al Primer Ministro».
El estándar no es la condena. Es la mentira al Parlamento. Es la apariencia de impropiedad. Es el daño reputacional. La práctica acompaña a la doctrina con una constancia que en España resulta casi exótica.
Recuérdese el caso de David Laws, secretario del Tesoro del Gobierno Cameron, que dimitió en mayo de 2010 a los diecisiete días de tomar posesión por una irregularidad en la declaración de gastos parlamentarios sobre el alquiler de una vivienda de su pareja.
No hubo delito. Hubo una incompatibilidad ética. Bastó. Recuérdese a Karl-Theodor zu Guttenberg, el ministro de Defensa alemán llamado a suceder a Angela Merkel, dimitido en marzo de 2011 al confirmarse que su tesis doctoral contenía plagios sistemáticos.
No fue una causa penal: fue un fraude académico ya viejo. Bastó. Recuérdese el goteo continuo de dimisiones por gastos en el Reino Unido en 2009 —cuatro ministros en veinticuatro horas en el ocaso del Gobierno Brown—, o las dimisiones nórdicas por motivos que aquí difícilmente alcanzarían la portada de una segunda edición.
Cuando el Consejo de Europa o la propia OTAN se vieron afectados por escándalos, sus responsables se apartaron sin esperar al fallo. Willy Claes, Secretario General de la OTAN, dimitió en 1995 ante la mera apertura de un procedimiento por comisiones en la compra de helicópteros.
Lo hizo porque entendió, con la claridad que da una formación democrática asentada, que el cargo no le pertenecía: lo ocupaba en depósito, y un depósito se devuelve cuando se quiebra la confianza, no cuando se demuestra el delito.
El estándar civilizado, en suma, no es el del reproche penal firme. Es el del daño reputacional consolidado. Y se sostiene en una intuición muy elemental: la responsabilidad política no protege al ministro, protege al cargo.
Su función no es sancionar al individuo —para eso ya están los tribunales— sino preservar la salud de la institución. Por eso opera antes, opera con menos prueba, y opera con un umbral más bajo. Porque lo que está en juego es otra cosa.
El estándar español: la presunción de inocencia como coartada
España ha hecho lo contrario. Ha colonizado el debate público con una falacia que se repite tantas veces que ya casi nadie la cuestiona: la idea de que la presunción de inocencia —garantía jurídico-penal del individuo frente al poder del Estado— se proyecta automáticamente como blindaje político del cargo frente al ciudadano.
La fórmula es siempre la misma: «Hasta que no haya sentencia firme, nada que comentar». Y con esa frase, repetida desde los atriles oficiales, se anestesia el reflejo democrático.
El problema es que esa frase es jurídicamente impecable y políticamente fraudulenta. Lo es porque traslada un estándar pensado para condenar a un individuo a un terreno —el de la confianza institucional— donde nunca debió aplicarse.
Y porque, además, se aplica selectivamente: el Pedro Sánchez de 2017 reclamaba a Mariano Rajoy responsabilidad in vigilando por los casos de su partido.
Pedía, con razón doctrinal, que un líder responde no sólo por los actos propios sino también por la confianza mal depositada en sus subordinados. Aquella tesis, formulada entonces con elocuencia, ha sido archivada con la misma elocuencia.
Veamos el catálogo. Y veámoslo con la cautela jurídica que merece: cada uno de estos hechos se encuentra en distintas fases procesales, en muchos casos sin sentencia firme. Lo que aquí importa no es prejuzgar, sino dimensionar el daño reputacional acumulado.
Santos Cerdán, hasta junio de 2025 secretario de Organización del PSOE, estuvo en prisión provisional durante cinco meses.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y número tres del partido durante años, investigado en la trama Koldo García, hoy ramificada en la Audiencia Nacional sobre adjudicaciones, mascarillas y financiación del PSOE. Hoy en prisión.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, procesada el 14 de abril de 2026 por el juez Juan Carlos Peinado por cuatro delitos —tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida— con causa abocada a jurado popular y recursos pendientes ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno, condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo el 9 de diciembre de 2025 a multa e inhabilitación durante dos años por un delito de revelación de datos reservados; condena ratificada en febrero de 2026 al desestimarse el incidente de nulidad.
Paco Salazar, hombre llamado a la cúpula del partido en julio de 2025, retirado de su nombramiento en cuestión de horas tras las denuncias de acoso sexual de varias trabajadoras de Moncloa, denuncias que el propio canal interno del PSOE tardó meses en activar.
Y, como telón de fondo, el memorándum del Consejo de Europa, que en 2026 ha incluido formalmente estos asuntos en su escrutinio sobre el Estado de Derecho en España, junto a los ataques institucionales desde la propia tribuna del Congreso a los jueces que instruyen.
Conviene insistir: ninguno de estos hechos prejuzga la culpabilidad penal de nadie. El catálogo no se aporta como sentencia. Se aporta como masa crítica de daño reputacional.
Y la pregunta relevante, la única que importa desde el plano de la responsabilidad política, es esta: ¿qué democracia consolidada del entorno occidental sostiene un Ejecutivo tras una acumulación semejante sin que opere algún mecanismo de revisión de la confianza?
No la británica. No la alemana. No la nórdica. No la belga. Tampoco la portuguesa, donde un ministro de Presidencia dimitió por no haber pagado un impuesto.
La excepcionalidad española se ha convertido en regla doméstica, pero sigue siendo excepcionalidad cuando se la mide con la vara del entorno.
Los índices internacionales lo han ido registrando con sordina pero sin tregua. El Democracy Index de la Economist Intelligence Unit sitúa a España en el puesto 21 en 2025, en el límite inferior del club de las democracias plenas, con el indicador de «funcionamiento del Gobierno» como uno de los más débiles.
El V-Dem ha registrado descensos sostenidos desde 2018 en los cinco índices que mide —electoral, liberal, participativo, igualitario y deliberativo—. Y el deterioro no obedece a un fenómeno aislado: es la consecuencia mecánica de una cultura institucional que ha decidido confundir presunción de inocencia con impunidad política.
La aritmética del sostén: el problema ya no es del Gobierno
Aquí la columna debe dar un giro al que el lector quizá no esté acostumbrado. Porque mientras todo el debate se ha concentrado en el Gobierno y en su negativa a leer el momento —que es, en efecto, la responsabilidad más obvia—, la cuestión más interesante y la menos discutida es la otra: la responsabilidad de quienes lo sostienen.
Lo que está mal puede arreglarse de dos formas en una democracia parlamentaria. La primera, que el Gobierno asuma su responsabilidad y dé un paso al lado.
La segunda, que quien le sostiene retire la confianza.
Cuando la primera no se produce, la segunda no es una facultad cortés: es un deber democrático. Y aquí Hamilton volvió a verlo dos siglos y medio antes que nosotros.
En El Federalista, al discutir el problema clásico de la responsabilidad difusa, advirtió que el respeto a la reputación pierde fuerza activa cuando la infamia de una mala acción se reparte entre muchos. Es decir: la responsabilidad diluida se evapora. Y se evapora también para quien sostiene la mayoría que la hace posible.
Conviene, pues, formular la cuestión con sequedad. Si Sumar denuncia el cuadro pero vota cada investidura, cada decreto, cada presupuesto que mantiene en pie ese cuadro, entonces Sumar no es ajeno al cuadro: es parte de él. Si los partidos nacionalistas vasco y catalán consideran el panorama indecente pero canjean su voto por contrapartidas territoriales, entonces no son meros espectadores críticos: son co-arquitectos del sostén.
Si los partidos independentistas valoran la situación como una degradación del Estado de Derecho —algo que han dicho en sede parlamentaria— pero hacen posible esa misma degradación con sus votos, la incoherencia deja de ser táctica y pasa a ser categoría.
Lo dijo, con su característica precisión jurídica, el viejo Hamilton: la infamia repartida entre muchos pesa menos sobre cada uno. Pero el efecto agregado existe. Y la historia, que no es un tribunal pero sí una memoria, lo registra.
Esto no es derecho penal: no se trata de culpa, ni de tipos delictivos, ni de prueba contradictoria. Es teoría democrática elemental.
Quien sostiene una mayoría asume responsabilidad histórica sobre lo que esa mayoría hace u omite. La doctrina constitucional clásica lo ha llamado responsabilidad de investidura: el voto que pone en pie un Gobierno no se agota el día de la sesión; se prorroga durante toda la legislatura en cada votación que lo mantiene en pie.
Pretender que ese voto solo compromete al partido investido es un sofisma cómodo. La aritmética parlamentaria es un dispositivo de coautoría política. Quien lo activa, responde.
Esto no es una invitación a la moción de censura inmediata —cuya conveniencia táctica corresponde valorar a cada formación con arreglo a su análisis—.
Es algo más modesto y más exigente: una llamada a la coherencia entre lo que se dice en sede pública y lo que se vota en sede parlamentaria.
Nadie obliga a Sumar, ni al PNV, ni a Junts, ni a ERC, ni a EH Bildu a romper el sostén. Pero a ninguno de ellos le exime de la responsabilidad por sostenerlo. Y esa responsabilidad, llegado el momento, será evaluada por el cuerpo electoral, por la historia y, ojalá, por su propia conciencia política.
Decir que la situación es indecente y simultáneamente votarla no es matiz: es definición.
El umbral, el momento, la lucidez
Las grandes democracias no caen por escándalos. Caen por incapacidad de su clase política para encontrar el momento de dar un paso al lado.
Todos los regímenes democráticos del mundo han tenido casos de corrupción —algunos peores que los actuales españoles, otros menores—. La diferencia entre los sistemas sanos y los sistemas erosionados no está en la existencia del escándalo: está en la velocidad y la calidad de la respuesta institucional.
Allí donde la respuesta es rápida y proporcionada, el sistema se vacuna. Allí donde la respuesta se demora, se diluye o se sustituye por la queja victimista contra los jueces, el sistema se debilita.
España no está aún en el grupo de las democracias en regresión severa. Lo dicen, con cifras y con prudencia metodológica, los índices internacionales.
Pero está en el filo. Ocupa el puesto 21 del Democracy Index, muy cerca del umbral entre la «democracia plena» y la «democracia defectuosa».
El indicador más vulnerable es, precisamente, el del funcionamiento del Gobierno. El segundo más vulnerable es el de la cultura política.
Y la cultura política se erosiona cuando se pierde la noción —cívica antes que jurídica— de que un cargo público es una confianza prestada que se devuelve cuando se quiebra.
El daño no se mide solo en escaños. Se mide en la pérdida lenta, casi imperceptible, de un patrimonio cívico que durante décadas dimos por descontado: la noción de que la mejor defensa de un Gobierno consiste en saber cuándo retirar a un ministro, cuándo aceptar una comisión de investigación, cuándo comparecer en el Parlamento con verdad y sin coartadas, cuándo —llegado el caso— disolver y devolver la palabra a los ciudadanos.
Ese patrimonio no se restaura con tertulias ni se repara con encuestas. Se restaura solo con prácticas, con ejemplos, con gestos. Y los gestos, ahora mismo, escasean.
La pregunta dura no es, por tanto, cuándo dimitirá nadie. Esa pregunta tiene una respuesta probable y casi banal: cuando no quede más remedio.
La pregunta verdaderamente importante es otra: cuánto tiempo más se va a prolongar una arquitectura que se sostiene no porque convenza, sino porque a quienes podrían retirar la confianza les conviene, por razones de cálculo propio, no hacerlo.
Esa convivencia entre la denuncia retórica y el sostén efectivo es, en términos estrictos, el escándalo democrático mayor. Más serio incluso que cualquiera de los casos individuales, porque los engloba a todos y porque dice algo sobre el conjunto del sistema, no sobre un partido o un líder.
La factura, como suele ocurrir en estas cosas, no la pagará un partido. La pagaremos todos, durante años, en forma de descrédito institucional, de desafección cívica, de jueces atacados desde el Congreso, de fiscales generales condenados, de tertulias agotadas y de jóvenes que aprenden que el cargo público no es un servicio sino un parapeto.
Y esa factura, una vez emitida, no se recupera con un cambio de gobierno: se paga durante una generación. Lo escribió Hamilton, lo entendió Burke, lo practicaron Cameron, Merkel y Major. España, que entre 1978 y los primeros años dos mil pareció haber aprendido la lección, parece haberla olvidado con asombrosa facilidad.
Quedan dos puertas, las del comienzo. Una cerrada, en Soto del Real. Otra abierta, en Moncloa. Lo que mide la salud de un país no es cuál de las dos esté cerrada en cada momento.
Es la capacidad de su sistema político —y, sobre todo, de quienes lo sostienen sin formar parte directa del problema— para entender que ambas puertas, en el fondo, están conectadas por un mismo umbral.
Y que cruzarlo a tiempo, en una u otra dirección, es lo único que distingue las democracias adultas de las que dejan de serlo sin darse cuenta.
